Lote 88: el Gobierno busca evitar conflictos mientras avanza una orden judicial de escrituración
El ministro de Gobierno del Chaco, Julio Ferro, se refirió a la compleja situación del Lote 88 en Miraflores, donde una sentencia judicial firme obliga a la provincia a avanzar con la escrituración de tierras a favor de una comunidad originaria, en medio de la preocupación de familias criollas que habitan el lugar.
Según explicó el funcionario, existe un fallo confirmado en todas las instancias judiciales desde 2014 que establece que el terreno forma parte de una reserva comunitaria aborigen. A esto se suma un convenio firmado en 2020 durante la gestión de Jorge Capitanich, que compromete a la provincia a transferir la titularidad a la Asociación Mujeres Fuertes, integrada por miembros de comunidades originarias.
“La Justicia nos intimó a escriturar antes del 31 de marzo. Es una obligación legal que tenemos que cumplir”, sostuvo Ferro.
No obstante, aclaró que no existe ningún proceso de desalojo en curso, buscando llevar tranquilidad a las familias que residen en el lugar. “No hay acciones de desalojo previstas. Estamos trabajando en alternativas a través del diálogo y la búsqueda de consensos”, afirmó.
El conflicto radica en que dentro del Lote 88 conviven tanto integrantes de comunidades originarias como familias criollas que habitan allí desde hace años, lo que genera un escenario de alta sensibilidad social. “Es una situación que no fue abordada durante años y hoy nos encontramos con plazos muy ajustados para resolverla”, agregó.
En paralelo, el ministro confirmó que el Gobierno analiza solicitar prórrogas y promover instancias de mediación judicial para encontrar una salida que contemple a todos los sectores.
Por otra parte, Ferro anunció la reactivación de operativos móviles del Registro Civil para facilitar el acceso al DNI en distintas localidades del interior. Indicó que se está avanzando en la compra de nuevos equipos portátiles, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y llegar a zonas donde aún hay personas sin documentación.
En materia salarial, se refirió al reciente fallo judicial vinculado a la cláusula gatillo docente, señalando que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco dejó sin efecto una resolución previa que obligaba a su implementación. “La Justicia entendió que no puede imponer políticas salariales que no estén previstas por ley ni respaldadas presupuestariamente”, explicó.
Sin embargo, reconoció que el fallo también insta al Ejecutivo a avanzar en mecanismos de actualización salarial en la medida de las posibilidades económicas. “No es que no se quiera pagar, sino que hoy no están los recursos para hacerlo”, afirmó, en un contexto de caída de la coparticipación nacional.
En ese sentido, detalló que entre el 85% y el 87% de los ingresos provinciales se destinan al pago de sueldos, lo que deja un margen reducido para el funcionamiento del Estado.
Finalmente, destacó la implementación del programa Impulsar Chaco, orientado a la capacitación laboral y la inserción en el sector privado, así como el régimen de retiro voluntario en la administración pública, que —según indicó— ya registra un importante nivel de adhesión.
De esta manera, el Gobierno provincial enfrenta múltiples frentes simultáneos: un conflicto territorial con implicancias sociales, restricciones económicas y el desafío de generar empleo genuino en un contexto complejo.
