Corrientes también reclamó por la ley de emergencia en discapacidad
Como en gran parte del país, la ciudad de Corrientes concretó ayer la marcha en contra al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Más de medio centenar de personas partió de la bajada el puente para terminar en la plaza 25 de Mayo donde se encuentra la Casa de Gobierno y la Legislatura provincial.
Con banderas, sombrillas y carteles, los manifestantes recorrieron las calles de la costa capitalina para llegar al centro cívico de la capital. «No al ajuste en discapacidad. Sí a la inclusión. Nos vetaron, pero no nos callaron», reflejaban las consignas de convocatoria a la marcha de ayer.
«El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es solo un trámite administrativo, es un golpe directo a quienes trabajamos, cuidamos y vivimos la discapacidad todos los días», expresaron desde otro sector que también estuvo presente en la movilización que se concretó ayer por la mañana en esta ciudad.
«Hoy nos encontramos aquí con otros centros para visibilizar esta herida que sentimos por parte del Gobierno nacional», declaró Barriola.
«El veto a la ley de discapacidad no es solo un golpe a nuestros derechos, sino una amenaza a los avances que con tanto esfuerzo hemos logrado conseguir».
La representante explicó que la situación actual es insostenible: «Estamos cobrando servicios del mes de marzo, mientras que muchas obras sociales recién comienzan a autorizar pagos a partir de agosto. Esto significa que hemos trabajado gratis durante medio año y la situación económica se agrava con un atraso de prácticamente diez meses en los pagos sin que hayamos recibido aumentos acorde a la inflación que padecemos».
En este marco detalló cómo los costos de transporte y los aranceles de atención han aumentado considerablemente. «Estamos con valores de 2024 en nuestro nomenclador, mientras que los aumentos anuales no superan el 10%, cuando la inflación ha crecido mucho más. Esto dificulta el acceso a servicios esenciales para las personas con discapacidad, quienes requieren tratamiento de manera constante y no esporádica».
El descontento también se dirige hacia la falta de apoyos en el transporte: «Muchos padres se ven obligados a consensuar con los transportistas traer a sus hijos con discapacidad solo dos días a la semana, en vez de los cinco que requieren. Esto afecta gravemente sus tratamientos», agregó Barriola.
La situación se complica aún más con las restricciones impuestas por las obras sociales, que limitan el uso del transporte necesario para el traslado de las personas afectadas. «Los pacientes se ven obligados, a veces, a utilizar medios de transporte poco seguros porque no reciben la autorización correspondiente», lamentó.
Yanina Barriola hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades: «El único perjudicado en esta situación es la persona con discapacidad. Muchos profesionales se están viendo forzados a abandonar el ámbito, ya que es insostenible».
Asimismo, advirtió sobre la preocupante tendencia que podría surgir de esta situación: «Nos dirigimos hacia un futuro donde solo quienes tengan poder adquisitivo podrán acceder a estos servicios, mientras que aquellos con menos recursos se verán relegados a sus hogares, como sucedía hace décadas».
