Conflicto por el Lote 88 en Miraflores: se busca evitar desalojos y garantizar la paz social
El intendente de Miraflores, Rafael Frías, se refirió a la compleja situación que atraviesa el denominado Lote 88, un terreno en disputa que lleva más de una década sin resolución definitiva y que hoy afecta a entre 500 y 600 familias.
Según explicó el jefe comunal, el conflicto se originó hace más de diez años a partir de una resolución judicial vinculada a una parcela específica dentro del lote. Sin embargo, la decisión se extendió a la totalidad del Lote 88, que comprende unas 100 hectáreas. En ese momento, señaló, el Estado municipal no apeló la medida, lo que derivó en una sentencia firme hacia 2014.
El fallo reconoció derechos sobre esas tierras a una comunidad originaria, en el marco de un esquema más amplio que contempla alrededor de 10.000 hectáreas destinadas a reservas indígenas en la zona. Con el tiempo, la situación se agravó debido a la radicación de cientos de familias en el lugar, muchas de ellas consideradas adquirentes de buena fe.
Frías remarcó que el Lote 88 forma parte del ejido municipal, lo que añade un nivel más de complejidad al conflicto. “Tenemos que garantizar servicios básicos como alumbrado, recolección de residuos y asistencia, pero no podemos ni siquiera cobrar impuestos debido a la situación judicial”, explicó.
En 2023, la Justicia otorgó un plazo al Estado provincial para transferir la titularidad del terreno a una asociación vinculada a la comunidad originaria. Esta medida reactivó la preocupación entre los vecinos, ante la posibilidad de desalojos masivos, algo que el intendente consideró “de imposible cumplimiento”.
Frente a este escenario, el municipio inició gestiones con el gobierno provincial para abrir instancias de diálogo entre todas las partes involucradas. El objetivo es alcanzar un acuerdo que garantice la permanencia de las familias y evite un conflicto social mayor.
“El camino es el diálogo. Tenemos que priorizar la paz social y encontrar una solución que contemple tanto a la comunidad originaria como a las familias que viven allí”, sostuvo Frías.
Finalmente, el intendente indicó que, si bien la resolución judicial no puede ser revertida, existen herramientas institucionales para consensuar alternativas que permitan descomprimir el conflicto y brindar certezas a los vecinos afectados.
