El Sauzalito: los poderes Ejecutivo y Judicial conformaron un espacio de diálogo con la comunidad Wichí para garantizar la resolución pacífica de los conflictos
Autoridades de ambos poderes del Estado provincial participaron de una asamblea junto a la comunidad que viene reclamando, en las últimas semanas, Justicia por el femicidio de una joven de 16 años. Esta causa tiene como querellante a la Secretaría de DDHH y Géneros a fin de garantizar el acceso a la Justicia y la asistencia a la familia de la víctima.
Autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial visitaron, este jueves El Sauzalito, para intervenir tras los últimos hechos de conflicto social y garantizar un espacio de resolución pacífica. La comitiva estuvo integrada por la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar, la secretaría de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez, el subsecretario de Planificación en Seguridad Leandro Álvarez, el procurador General de la provincia Jorge Canteros y la coordinadora integral en el Poder Judicial de los pueblos indígenas del Chaco Elizabeth González, quién ofició de traductora e intérprete.
Las autoridades se convocaron en asamblea junto a la comunidad Wichí a fin de escuchar su versión de los hechos en torno al femicidio de la joven de 16 años J.R, las demandas y el pedido de justicia. La comunidad aclaró que solo piden que se haga Justicia y demandan una solución pacífica a los conflictos que la atraviesan.
Para ello se conformó un espacio de escucha activa y participativa de los poderes Ejecutivo y Judicial a la comunidad, a fin de fortalecer el trabajo por mayor acceso a la Justicia y un servicio óptimo con perspectiva de género. Además de brindar, en este caso en particular, asistencia y acompañamiento a los familiares de la víctima del femicidio.
En tanto la comunidad se comprometió a mantener el diálogo con los poderes Ejecutivo y Judicial con el objetivo de llegar a una solución pacífica y avanzar en la investigación del femicidio.
Abordaje integral
Desde el momento en que se conoció el femicidio un equipo interdisciplinario del Poder Ejecutivo trabaja junto a la familia para garantizar el acceso a la justicia, puesto que la investigación penal se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. La Secretaría de DDHH y Géneros, a través de Litigios Estratégicos, se constituyó como querellante en la causa y se pusieron a disposición de la familia para evacuar dudas y ser un canal de comunicación entre la Fiscalía y la familia, informándoles también sobre los alcances de la Ley Brisa y ayudas urgentes del Estado para estas situaciones.
