El Gobierno niega maniobras irregulares de Omar Canela y anuncia demandas contra denunciantes

En medio de la recta final hacia las elecciones, la oposición provincial volvió a instalar la polémica al denunciar al ingeniero Omar Canela, actual representante en Vialidad Provincial, y a Marilyn Canata, presidenta de Tierras Fiscales, por una supuesta adjudicación irregular de tierras públicas a favor del propio Canela. Sin embargo, desde el Gobierno desmintieron categóricamente que exista ilegalidad alguna en el proceso y anunciaron presentaciones judiciales para responder a lo que consideran una maniobra política.

El doctor Jorge Gómez, ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, explicó que “cuando se produce esta adjudicación, el señor Omar Canela no era funcionario público” y que además la entrega del terreno en cuestión “fue ordenada por un juez en un expediente sucesorio”. Según detalló el ministro, la resolución judicial se emitió en septiembre de 2022, un año antes de que el actual gobernador Zdero ganara las elecciones.

“La decisión del juez es de 2022 y concretamente el oficio que ingresó al entonces Instituto de Colonización fue en septiembre de ese año. Es decir, estamos hablando de un año antes de la elección del 17 de septiembre de 2023”, precisó Gómez, buscando echar por tierra las acusaciones que señalan un supuesto beneficio irregular hacia un funcionario actual.

En ese sentido, aclaró además que la adjudicación “todavía no se realizó efectivamente”, aunque remarcó que “se trata de una orden judicial, no de una resolución del Instituto de Tierra”. Gómez fue contundente al afirmar que “la administración pública no puede desobedecer una orden judicial” y consideró que la denuncia opositora busca equiparar la situación de Canela con la de otros funcionarios investigados por maniobras sospechosas, entre ellos Tito López, quien enfrenta cargos por presuntas irregularidades en 3.000 hectáreas.

El ministro insistió en que “no todos somos lo mismo. Aquí se está cumpliendo con una manda judicial que aún no se efectivizó”. Asimismo, aseguró que “ya se realizó la presentación correspondiente en la Fiscalía de Investigación Administrativa” para dejar asentada la documentación que respalda la legalidad del proceso.

Consultado sobre los pasos a seguir, Gómez anticipó que tras la respuesta formal a la denuncia, “los damnificados, ya sea Canata o Canela, van a iniciar acciones judiciales por injurias y demandas civiles contra los diputados denunciantes, Slimel y Quirós”. Además, destacó que los diputados denunciantes “no tienen protección civil”, lo que habilita la posibilidad de iniciar reclamos por daños y perjuicios.

Por su parte, el ingeniero Omar Canela brindó declaraciones en las que expresó su malestar y sorpresa por la denuncia mediática. “Soy nieto, hijo y productor ganadero desde hace varias generaciones. Hace más de 10 años que estoy ocupando ese campo y la adjudicación se basa en sentencias judiciales”, aseguró.

Canela reveló que se enteró de la denuncia por los medios de comunicación y señaló: “Todavía no he recibido ninguna notificación formal, pero esto claramente causa un daño a mí y a mi familia. No tiene nada que ver el hecho de ser funcionario con esta adjudicación”. El funcionario afirmó que este episodio “busca ensuciar al gobernador” y dejó en claro que avanzará con todas las acciones legales necesarias.

Consultado sobre el impacto en su trabajo actual, Canela fue tajante: “Esto no afecta para nada mi función”, aunque reconoció que es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo. “Me sorprende mucho y, por supuesto, lo que más duele es la mancha a la ética y la moralidad”, añadió.

El Gobierno provincial considera que la denuncia responde a “una estrategia política electoral” y sostuvo que “se intentó equiparar situaciones distintas para embarrar el terreno en la antesala de los comicios”. Finalmente, el ministro Gómez subrayó que “en nuestro gobierno las órdenes de los jueces se cumplen”, buscando transmitir calma institucional ante la polémica.