La Justicia ordenó detener a Evo Morales y crece la tensión en Bolivia
La Justicia boliviana ordenó la captura del ex presidente Evo Morales y suspendió el juicio oral en su contra por presunta trata agravada de personas hasta que se presente ante el tribunal o sea detenido. La decisión elevó la tensión política en Bolivia, donde dirigentes cercanos al ex mandatario advirtieron sobre posibles protestas e «insurgencia» si la Policía intenta arrestarlo.
El tribunal que debía iniciar el juicio en la ciudad de Tarija declaró en rebeldía a Evo Morales luego de que no asistiera a la audiencia junto con sus abogados defensores. Como consecuencia, la Justicia emitió órdenes de captura y arraigo que le impiden salir del país.
«El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados», explicó el fiscal del caso, Luis Gutiérrez.
Desde la Fiscalía señalaron que la defensa del ex mandatario no presentó justificativos válidos por la ausencia. Ante esa situación, el tribunal dispuso que Morales fuera asistido por defensores públicos durante la audiencia.
La causa investiga una presunta relación que el ex presidente habría mantenido en 2015 con una adolescente de 16 años, cuando aún estaba al frente del gobierno boliviano. Según la acusación fiscal, de esa relación nació una hija y los padres de la menor habrían recibido favores políticos y beneficios económicos.
El Ministerio Público pidió una condena de 20 años de prisión y aseguró que reunió más de 170 pruebas, entre ellas 39 declaraciones testimoniales, para sostener la acusación durante el juicio oral.
La defensa de Morales insistió en que el proceso presenta irregularidades. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, afirmó que el ex mandatario no fue notificado personalmente y cuestionó que la citación se realizara mediante edictos judiciales. Además, sostuvo que el expediente fue «desempolvado» en medio de un clima de protestas sociales contra el gobierno nacional.
A través de redes sociales, Morales rechazó las acusaciones y reclamó garantías judiciales. «No busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución», publicó el ex presidente.
La situación derivó en nuevas amenazas de movilización por parte de sus seguidores. El dirigente cocalero Dieter Mendoza advirtió que una eventual detención podría provocar un estallido social.
«Si tocan a Evo Morales, esto va a convulsionar. El país va a convulsionar como no se imaginan», sostuvo en declaraciones a Radio Kawsachun Coca. Incluso habló de una posible «insurgencia» y pidió a los sectores afines al ex mandatario mantenerse «en alerta máxima».
Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, una región cocalera considerada su principal bastión político y sindical. Allí es resguardado por centenares de simpatizantes que buscan impedir el ingreso de fuerzas de seguridad.
La Policía ya había intentado detenerlo meses atrás, aunque no logró avanzar debido a bloqueos de rutas y protestas organizadas por sectores leales al líder del Movimiento al Socialismo.
El caso judicial coincide además con un escenario de creciente conflictividad en Bolivia, atravesado por manifestaciones y reclamos contra el gobierno nacional por la situación económica y política del país.
