Conflicto por un terreno de 96 hectáreas en Puerto Vilelas: intervención policial y resolución pacífica

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En la tarde del martes 13 de agosto, un operativo policial en Puerto Vilelas puso fin —al menos de manera momentánea— a un conflicto familiar por la posesión de un extenso terreno. El hecho, que fue caratulado como “Supuesta Tentativa de Usurpación”, involucró a dos personas de apellido Vargas que se denunciaron mutuamente ante la Comisaría local.

Según el parte oficial, alrededor de las 18:15 la ciudadana Marcela Itatí V. (36) radicó una denuncia contra Carlos V. (39), acusándolo de intentar usurpar un predio de 96 hectáreas y 4 áreas, ubicado en la circunscripción II, sección D, chacra 304 de Puerto Vilelas. Minutos más tarde, el propio Carlos Vargas presentó una denuncia contra Marcela por el mismo hecho.

La disputa se originó debido a que, desde la tarde del día anterior, en el lugar se encontraban familiares de la mujer, lo que motivó la intervención de la policía para evitar que la situación escalara. Ante la complejidad del conflicto y el vínculo familiar entre las partes, los efectivos consultaron con el Fiscal Penal en turno N° 14, Dr. Francisco de Asís Obaldía de Eyseric, quien ordenó intimar a Marcela Vargas para que, en un plazo de 30 minutos desde ser notificada, se retirara voluntariamente del predio. En caso de negativa, se procedería al desalojo utilizando la fuerza pública.

El procedimiento se llevó a cabo con la presencia del Supervisor de Zona VI, Comisario Mayor Diego Hernán Araujo, y personal de Infantería a cargo del Oficial Principal Gastón Britos. Finalmente, Marcela V. aceptó retirarse sin que fuera necesario aplicar medidas coercitivas, quedando Carlos V. en posesión del inmueble.

El hecho, si bien concluyó sin incidentes, deja abierta la disputa legal por la titularidad y posesión del terreno, que ahora continuará bajo la órbita judicial. La policía informó que de surgir nuevas novedades, se ampliará el parte oficial.

Este episodio vuelve a poner en relieve la problemática de los conflictos por tierras en la región, donde la falta de regularización dominial y las tensiones familiares suelen desembocar en denuncias cruzadas y en la intervención de las fuerzas de seguridad para evitar enfrentamientos mayores.