Losada impulsa penas más duras para denuncias falsas y desata una fuerte polémica judicial
La senadora nacional Carolina Losada volvió a quedar en el centro del debate político y judicial tras impulsar un proyecto de ley que busca endurecer las penas para quienes realicen denuncias falsas, presten falso testimonio o participen en maniobras de encubrimiento dentro de causas judiciales.
La iniciativa propone modificaciones en varios artículos del Código Penal y establece sanciones más severas, especialmente cuando las acusaciones falsas estén vinculadas a casos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o hechos que involucren a menores de edad.
Según el proyecto, las penas para quienes formulen denuncias falsas podrían elevarse de uno a tres años de prisión y llegar hasta los seis años cuando se trate de delitos de especial sensibilidad social. La propuesta también alcanza a profesionales que intervengan en los procesos judiciales aportando testimonios o informes considerados falsos.
En la misma línea, la iniciativa incrementa las sanciones para el delito de falso testimonio, que podría ser castigado con penas de hasta ocho años de prisión.
Losada sostiene que la propuesta apunta a proteger el funcionamiento de la Justicia frente a denuncias maliciosas y al uso indebido de mecanismos judiciales. «El sistema democrático necesita mecanismos de protección frente al uso abusivo del aparato judicial», afirmó la legisladora, quien suele resumir su postura con una frase que repite con frecuencia: «La mentira no tiene género».
Sin embargo, el proyecto generó un fuerte rechazo en algunos sectores vinculados a los derechos humanos y a la lucha contra las violencias. A raíz de su presentación, la senadora fue denunciada por un grupo de referentes encabezado por el exjuez Carlos Rozanski, actual presidente de la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas).
La denuncia la acusa de presuntas coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Frente a esta situación, Losada respondió con dureza y denunció un intento de disciplinamiento político. «Buscan callarme, amedrentarme a mí y al resto de los legisladores. Es la segunda denuncia que me hacen. Es increíble que se denuncie a una legisladora por legislar. Los proyectos pueden gustar o no, pero eso se debate en el Congreso», sostuvo.
La controversia promete continuar en los próximos meses, mientras el proyecto inicia su recorrido legislativo y vuelve a poner sobre la mesa un debate sensible: cómo equilibrar la protección de las víctimas con las garantías necesarias para evitar denuncias falsas dentro del sistema judicial.
