El fiscal Amad rechazó acusaciones de motivación política y defendió la investigación por tierras públicas
El fiscal Carlos Amad se pronunció sobre la causa que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de tierras públicas y negó de manera categórica que el proceso tenga un trasfondo político, en respuesta a declaraciones realizadas por empresarios involucrados en el expediente.
En diálogo con medios, el funcionario judicial sostuvo que no polemiza públicamente con los imputados y remarcó que las instancias de defensa ya fueron ejercidas dentro del ámbito correspondiente. “No discuto en la prensa. Las defensas se hacen en el expediente y ya dijeron lo que tenían que decir ante el juez”, expresó, marcando una postura institucional frente a las críticas.
Amad insistió en que la investigación responde exclusivamente a la presunta comisión de un delito. “Esto no tiene nada de político. Estoy investigando un hecho criminal. Si no cometieron delito, el juez lo va a decir y listo. Y si lo cometieron, también”, afirmó, subrayando que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.
La causa, que involucra operaciones vinculadas a tierras públicas, se encuentra actualmente en una etapa de análisis por parte del magistrado interviniente. En ese sentido, el fiscal explicó que no existen plazos estrictos para una resolución, debido a la complejidad del expediente. “Es una causa compleja, con mucha documentación. El juez no la conocía previamente porque venía con otro magistrado, por lo que necesita tiempo para estudiarla en profundidad”, detalló.
Asimismo, destacó que no hay personas detenidas en el marco de esta investigación, lo que permite que el proceso avance sin la presión de medidas restrictivas de la libertad. Sin embargo, esto no implica una menor relevancia del caso, sino que responde a las características propias de la causa, centrada en el análisis técnico y documental.
El fiscal también llamó a la prudencia frente a la expectativa pública. “Hay que tener paciencia. La ansiedad no tiene que jugar una mala pasada”, señaló, en referencia a los tiempos judiciales y a la necesidad de respetar el debido proceso.
El expediente ha generado repercusión en distintos sectores, no solo por la naturaleza de las operaciones investigadas, sino también por el cruce de declaraciones entre las partes involucradas. Mientras algunos empresarios sostienen que se trata de una “campaña política”, desde la fiscalía insisten en que el proceso se rige exclusivamente por criterios legales.
En este contexto, la decisión que adopte el juez será clave para el rumbo de la causa, ya sea para avanzar en imputaciones formales o para descartar la existencia de delito. Hasta entonces, el caso continúa bajo análisis, con la expectativa puesta en una resolución que permita esclarecer los hechos y aportar certezas en medio de un escenario de fuerte exposición pública.
