Amad defiende su trabajo: «A ellos no les gusta que los investiguen»

El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, defendió su trabajo en la causa que investiga una venta de tierras supuestamente irregular concretada durante la gobernación de Jorge Capitanich, que acabó beneficiando al esposo de una de sus funcionarias, la exministra Marta Soneira, y a socios de esa misma persona. «A ellos no les gusta que los investiguen», dijo al referirse a expresiones críticas que el exgobernador tuvo sobre el requerimiento de la fiscalía, que pidió su procesamiento.

«Él de ningún modo explica lógicamente cómo él no sabía que (Mauricio) Cian era el marido de Soneira. Es imposible que no lo sepa», indicó.

Soneira fue presidente del Instituto de Colonización, que tenía a su cargo la administración de las tierras del Estado, y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente. El requerimiento de Amad es contra ella, Capitanich, Cian, Leandro Bessone, Nelson Pochón y Federico Storti, y tipifica las conductas bajo figuras como lavado de activos, fraude, negociaciones incompatibles y abuso de autoridad.

Precios irrisorios

Amad dijo que de las indagatorias y elementos probatorios se pudo establecer que a esas personas «se les ceden las tierras a un precio que fue irrisorio, no tiene nada que ver con el precio de mercado». En ese punto mencionó que se trató de «un precio de regalo» porque «se vendían en esa zona por 3500 a 4500 dólares la hectárea, algunos a 5500, y ellos consiguieron una bicoca: 50 dólares la hectárea». Es decir, hasta diez veces menos que el valor de mercado.

«En esa cadena encontramos que el gobernador Capitanich es quien en definitiva emite el decreto final de adjudicación de las tierras a estas cuatro personas, que en principio nunca podrían haber obtenido las tierras porque eran socios de una funcionaria en pleno ejercicio y ocasión de sus funciones», apuntó.

A posteriori del pedido de procesamiento, Capitanich salió en los medios a cuestionar el requerimiento del fiscal, aduciendo que era resultado de una «alquimia jurídica» y una «operación» política y mediática. El exgobernador dijo que no se lo podía responsabilizar de haber firmado esos instrumentos, porque cualquier mandatario firma cada día cientos de documentos que son manejados por funcionarios inferiores, en los cuales el gobernante debe confiar, sin posibilidad material de poder revisar cada papel.

Al mencionársele esa argumentación, Amad comenzó por decir: «En principio yo aclaro que no polemizo con los imputados. Los imputados que digan lo que quieran, tienen derecho a eso. Respecto de lo demás, le agradezco al contador Capitanich que me haya dicho «alquimista jurídico», yo siempre pensé que yo era un trabajador de la Justicia y del Derecho, no un mago del Derecho, así que gracias por el cumplido».

«Más allá de eso, él no explica de ningún modo cómo él no sabe que Cian era el marido de Soneira. Es imposible que no lo sepa, que no lo conozca, porque hay fotos de cuando él estaba dando una charla en una de las empresas de ellos, y están todos ahí. Es más, como primer mandatario, y tratándose de tierras fiscales, tierras que son del pueblo del Chaco, tiene la obligación de fijarse a quién se las da», resaltó.

«Son 3600 hectáreas (el total de tierras entregadas). Para que se tome magnitud, una hectárea es la superficie de una manzana cuadrada (de 100 metros por lado). Es decir que a los socios del marido de la ministra le entregaron 3600 manzanas», planteó.

Contradicciones

El fiscal agregó que «lo que tampoco pueden explicar son sus propias contradicciones, cuando dicen que no entienden el delito que se les imputa, que no entienden la base fáctica del hecho, y resulta ser que son contradictorios, porque todos los imputados, a su turno, se defendieron y fustigaron todos y cada uno de los requerimientos y planteos jurídicos que les hacíamos nosotros. Es decir, ¿de qué se defendieron si nunca entendieron nada?».

«En cuanto a que esto es una operación política, les recuerdo que yo no soy candidato a nada, no soy político, trabajo desde hace 37 años en la Justicia federal, soy fiscal federal, investigo un hecho y voy sacando las conclusiones, y le digo a un juez cuáles son mis conclusiones. Ahora el señor juez dirá si yo estoy equivocado o no lo estoy. Fin. Esa es la historia», resumió.

«Pasa que a ellos no les gusta que los investiguen y se la agarran con quien los investiga, y tratan de denostarlo públicamente cuando en realidad yo no puedo hacer lo mismo. Estamos en desigualdad de condiciones, yo no puedo hacer lo mismo que hacen ellos», concluyó el fiscal a cargo de la investigación. Ahora resta conocer la decisión del juez.