Ueno Bank: las claves del escándalo financiero que sacude a Paraguay
La intervención del banco dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas, abrió una investigación contra 27 personas y derivó en una crisis política. El impacto también llegó a la Argentina, donde empleados de una firma vinculada recibieron suspensiones.
La intervención y disolución de Ueno Bank abrió una crisis financiera, judicial y política en Paraguay. La entidad, que llegó a tener 2,9 millones de clientes y era la primera del país por cantidad de usuarios, quedó bajo administración del Banco Central de Paraguay (BCP) luego de que el regulador advirtiera problemas de solvencia.
El alcance del banco ayuda a dimensionar el impacto de la decisión: al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema financiero paraguayo. También administraba alrededor de 850 millones de dólares de organismos estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
El origen de la entidad se remonta a 2021, cuando el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio. La marca Ueno comenzó con una propuesta digital y, tras obtener autorización bancaria, empezó a operar como banco en diciembre de 2023. En junio de 2024 absorbió Visión Banco, una operación que amplió su cartera de clientes, activos y servicios.
La expansión incluyó cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas. En marzo de 2026, además, emitió bonos por 350 millones de dólares con vencimiento en 2031.
Qué investiga el Banco Central
La revisión del BCP detectó préstamos otorgados a empresas relacionadas con el grupo controlador. Según el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y deterioraron los indicadores de liquidez de Ueno.
Entre las operaciones bajo análisis figura la transferencia, en junio de 2026, de una cartera de créditos por 74,4 millones de dólares a Vinanzas SA, una firma vinculada al grupo. La investigación busca determinar si esa empresa contaba con recursos propios para afrontar la compra o si recibió financiamiento indirecto del propio banco.
El 3 de noviembre, el regulador ordenó intervenir y disolver la entidad después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La medida suspendió las operaciones, el acceso a la aplicación y el uso de tarjetas, y dejó los activos y pasivos bajo administración del Banco Central.
La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos del banco y otras 19 vinculadas a empresas investigadas. La causa analiza presuntos préstamos y sobregiros otorgados entre 2025 y 2026, además de posibles delitos como conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de normas comerciales.
Los vínculos políticos y la devolución de los depósitos
El caso también expuso vínculos entre la entidad y figuras del poder. Santiago Peña fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Carlos Carvallo, quien encabezó el banco hasta julio de 2023, luego asumió la presidencia del Banco Central paraguayo.
Tras la intervención, el Gobierno anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por ahorrista. Luego, el Congreso aprobó una ley de emergencia que habilita adelantos del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 19.787 dólares. El Banco Central debe instrumentar los pagos dentro del plazo previsto por la norma.
La crisis también tuvo consecuencias para trabajadores en Argentina. Kaitel SRL, filial local de ITTI —empresa que brinda servicios tecnológicos a compañías vinculadas con Ueno— tiene más de 900 empleados en el país. Parte del personal recibió notificaciones de suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre, mientras la empresa atribuyó la medida a la paralización temporal de actividades tras la intervención bancaria.
En Paraguay, el bloqueo de las cuentas y la incertidumbre sobre la devolución de los fondos provocaron filas en sucursales y protestas. La crisis financiera se trasladó al plano institucional y derivó en acusaciones y cuestionamientos contra el gobierno de Santiago Peña.
