Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero en Malvinas que reavivó la disputa entre Argentina y Reino Unido

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El proyecto Sea Lion volvió a quedar en el centro de la disputa por las Islas Malvinas. Se trata de un desarrollo petrolero offshore impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration para explotar hidrocarburos en aguas ubicadas al norte del archipiélago, en un área cuya soberanía es reclamada históricamente por la Argentina.

El yacimiento está situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas y el proyecto es operado por Navitas, que posee una participación del 65%, mientras que el 35% restante corresponde a Rockhopper.

Las empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa del desarrollo. El financiamiento necesario hasta alcanzar la primera producción fue estimado en unos US$1.800 millones , mientras que el costo total hasta completar el proyecto rondaría los US$2.100 millones.

La primera fase contempla la perforación de 11 pozos submarinos , conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. El inicio de la extracción está previsto para marzo de 2028 .

En esa etapa, la capacidad proyectada ronda los 55.000 barriles diarios. Las fases 1 y 2 cuentan con reservas certificadas estimadas en alrededor de 314 millones de barriles, según información difundida por Navitas. Una segunda etapa prevé sumar otros 12 pozos y ampliar considerablemente la capacidad del desarrollo.

Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto en 2022 y actualmente tiene el control operativo. Rockhopper, que cotiza en el mercado AIM de Londres, permanece como socio minoritario y mantiene desde hace años intereses petroleros vinculados con las islas.

Por qué Argentina considera ilegal el proyecto

La posición argentina es que cualquier actividad de exploración o explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos bajo disputa debe contar con autorización de las autoridades nacionales.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y posteriormente modificada, prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin habilitación del Estado nacional. También alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta, presten servicios o realicen operaciones comerciales, financieras, técnicas o logísticas vinculadas con esos desarrollos.

Navitas ya había sido declarada en 2022 como empresa clandestina por el Gobierno argentino e inhabilitada durante 20 años  para desarrollar actividades en el país por su participación en Sea Lion.

El conflicto adquirió una nueva dimensión este viernes con la publicación del Decreto 868/2026, mediante el cual el Gobierno nacional reglamentó y agilizó el procedimiento para aplicar las sanciones contempladas en la Ley 26.659.

Entre otros puntos, la normativa establece mecanismos para acelerar los procesos administrativos, obliga a distintos organismos del Estado a informar sobre posibles actividades alcanzadas por la ley y designa a la Cancillería como autoridad de aplicación. También incorpora controles para impedir el acceso a determinados beneficios a empresas relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas.

La respuesta del Reino Unido

La decisión argentina se produjo en medio de una nueva escalada diplomática alrededor de las islas. Tras la cadena nacional en la que Javier Milei reafirmó el reclamo de soberanía y cuestionó la explotación petrolera en la zona, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting , respondió públicamente .

Streeting aseguró que el compromiso de Londres con las islas es «absoluto e inquebrantable». «La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas», escribió Streeting en su cuenta de X.

Para Argentina, en cambio, la cuestión de soberanía permanece abierta y forma parte de un diferendo reconocido internacionalmente. En ese escenario, el avance de Sea Lion agrega un componente económico y estratégico a una disputa histórica: si se cumplen los plazos previstos por las empresas, en 2028 comenzaría por primera vez una explotación petrolera a gran escala en las aguas que rodean las Islas Malvinas.