Presunto abuso en viajes de egresados: la responsabilidad legal de la empresa y los pasos ante la Justicia
El abogado Pablo Vianello analizó el protocolo que deben cumplir las empresas de turismo estudiantil cuando existe una sospecha de abuso que involucra a menores de edad y remarcó la importancia de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Tras la difusión de un presunto caso de abuso que habría ocurrido durante un viaje de egresados a Bariloche, el abogado Pablo Vianello se refirió a las responsabilidades legales que recaen sobre las agencias de turismo estudiantil y los coordinadores a cargo de contingentes integrados por menores de edad.
El letrado explicó que, ante cualquier denuncia o sospecha de un hecho de estas características, las empresas tienen la obligación de activar de manera inmediata los protocolos de actuación previstos para la protección de niñas, niños y adolescentes.
«Cuando un contingente está conformado por menores de edad, la responsabilidad legal de la empresa de turismo es máxima», afirmó Vianello, al señalar que las actuaciones deben ajustarse al principio del interés superior del niño y a las disposiciones del Código de Conducta Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo.
Los pasos que establece el protocolo
El abogado detalló que, frente a un presunto hecho de abuso, deben adoptarse una serie de medidas inmediatas para proteger a la persona involucrada y preservar la investigación judicial.
Entre ellas, indicó que corresponde resguardar a la presunta víctima en un ámbito privado y trasladarla al centro de salud más cercano para que se active el protocolo sanitario correspondiente. Asimismo, explicó que, si el hecho fuera reciente, es importante evitar que la persona se bañe, cambie de ropa o lave sus pertenencias, con el fin de preservar posibles elementos de prueba.
También señaló que los coordinadores del contingente deben informar de manera urgente a los padres o tutores de los menores involucrados y, cuando corresponda, a la institución educativa responsable del viaje.
Además, remarcó que los responsables del grupo tienen la obligación legal de presentar la denuncia ante la autoridad competente, ya sea la comisaría local o la fiscalía de turno.
En paralelo, la empresa debe poner a disposición de la Justicia toda la documentación y los elementos que puedan resultar útiles para la investigación, como la nómina del personal, el listado de pasajeros y las grabaciones de cámaras de seguridad, si existieran.
Vianello recordó que las declaraciones de menores de edad vinculadas a este tipo de investigaciones deben realizarse exclusivamente ante la autoridad judicial, mediante el procedimiento de Cámara Gesell, con la intervención de profesionales especializados y el acompañamiento correspondiente.
La importancia del debido proceso
Finalmente, el abogado subrayó que, mientras no exista una denuncia formal ni una resolución judicial, debe respetarse el principio constitucional de presunción de inocencia.
En ese sentido, sostuvo que cualquier investigación debe desarrollarse dentro del marco legal, garantizando la protección de los menores involucrados y el respeto de los derechos de todas las partes hasta que la Justicia determine los hechos.
