Confirman la prisión preventiva de la médica trucha e investigan a quienes facilitaron su ingreso al hospital
La Justicia confirmó la prisión preventiva de Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en el Hospital de Quitilipi utilizando la matrícula de un profesional de Corrientes. La imputada continuará detenida en la División Atención a la Mujer de Presidencia Roque Sáenz Peña, luego de que fuera rechazado el pedido de la defensa para obtener su libertad o cumplir la medida bajo arresto domiciliario.
La resolución fue dictada por la jueza de Garantías Mariana Inés Benítez, quien sostuvo que la investigación se encuentra en una etapa determinante y que la excarcelación de la acusada podría entorpecer la producción de pruebas pendientes.
La magistrada remarcó que la causa no solo apunta a establecer la responsabilidad penal de Ojeda, sino también a determinar el grado de participación de otras personas que habrían facilitado su incorporación y permanencia dentro del sistema público de salud.
Atendió a más de 1.200 pacientes
De acuerdo con la investigación, Ojeda habría realizado al menos 79 guardias médicas y atendido a 1.232 pacientes en el Hospital de Quitilipi sin poseer título habilitante ni matrícula profesional válida.
En ese contexto, la jueza consideró que la gravedad de los hechos investigados trasciende el ejercicio ilegal de la medicina y destacó que la imputada enfrenta cargos por homicidio con dolo eventual en relación con las muertes de Lorenzo Blanco y Germán Luque, además de una causa por lesiones gravísimas.
En la resolución también se señala que la conducta atribuida a la acusada habría implicado una exposición consciente de los pacientes a un riesgo inadmisible, fundamento que respalda la continuidad de la medida cautelar.
Por su parte, la defensa insistió en que no existen riesgos procesales, argumentó que Ojeda posee domicilio fijo y arraigo familiar en la provincia, y solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria, planteo que finalmente fue desestimado.
La investigación también alcanza a exdirectivos
Mientras avanza el expediente, el fiscal Marcelo Soto imputó a dos exdirectores del Hospital de Quitilipi para determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales en la contratación de Ojeda.
La investigación busca reconstruir cómo la mujer logró desempeñarse durante varios meses dentro del establecimiento sanitario y atender a cientos de pacientes sin contar con un título de médica ni con las credenciales profesionales exigidas por la ley.
