Causa Vialidad: embargaron el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó nuevos embargos preventivos sobre bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad, entre ellos el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

La decisión integra una segunda etapa del proceso patrimonial destinado a garantizar el decomiso fijado en la sentencia, cuyo monto fue actualizado a unos $685.000 millones. Las medidas alcanzan propiedades, vehículos, participaciones societarias y dinero mientras se define cuáles de esos activos podrán finalmente ser ejecutados.

El inmueble de San José 1111 pertenece a Los Sauces S.A. , la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner. La resolución no implica que Cristina Kirchner deba abandonar el departamento ni modifica, por el momento, las condiciones o el lugar donde cumple la prisión domiciliaria.

El tribunal remarcó además que el embargo no supone un decomiso automático ni una pérdida definitiva de la propiedad . Su finalidad es impedir que los bienes sean vendidos, transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción mientras continúa el trámite judicial.

La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso , quienes tienen a su cargo la ejecución de la condena dictada en el expediente por irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.

Una segunda lista con 144 bienes

Esta nueva etapa comprende 144 bienes entre inmuebles y vehículos , además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También quedó incluido el dinero atribuido a Florencia Kirchner que había sido encontrado en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones .

La decisión se suma a una primera tanda de activos sobre los que ya se había dispuesto avanzar. En noviembre, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 propiedades, de las cuales 20 fueron vinculadas a la familia Kirchner, 85 a Lázaro Báez y sus empresas y otras seis al resto de los condenados.

En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal respaldó el criterio adoptado por el tribunal. Sin embargo, Cristina Kirchner y Báez recurrieron esa decisión y el planteo se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema.

Mientras el máximo tribunal resuelve esos recursos, el TOF 2 decidió avanzar con medidas cautelares sobre otro conjunto de activos para preservar la posibilidad de ejecutarlos en el futuro .

El criterio para alcanzar los bienes

Para fundamentar la medida, los magistrados retomaron lo establecido en la sentencia del caso Vialidad, según la cual la maniobra investigada alrededor de la obra pública «generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner» .

El fallo también había determinado que durante el período analizado existió «una conexión económica y comercial comprobada» entre Báez y la familia Kirchner.

Según la sentencia, empresas vinculadas al empresario alquilaron, explotaron turísticamente y participaron en emprendimientos relacionados con hoteles y propiedades de los Kirchner, de manera directa y a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. 

Sobre esa base, el TOF 2 sostuvo que el dinero proveniente del delito «circuló y se asentó en los activos de esas sociedades»  y consideró que pueden quedar comprendidos en el decomiso bienes incorporados al patrimonio de los nueve condenados durante el período 2003-2015.

Los jueces también invocaron el artículo 23 del Código Penal para fundamentar la posibilidad de avanzar sobre bienes de sociedades o terceros beneficiados.

«El artículo 23 autoriza a alcanzar a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado por el producto o provecho del delito. Bienes transmitidos gratuitamente a terceros: La norma también habilita a ir tras activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros», señalaron los magistrados.

Los Sauces, Hotesur y las acciones cedidas a Máximo y Florencia Kirchner

Entre los activos alcanzados aparecen también las participaciones accionarias de Los Sauces y Hotesur , que permanecen embargadas desde 2017.

Durante el análisis de la sucesión de Néstor Kirchner se determinó que las cuotas y acciones correspondientes a Cristina Kirchner, tanto por bienes gananciales como por la herencia, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

Para el TOF 2, esa transferencia no impide que las participaciones puedan quedar alcanzadas por la ejecución patrimonial  derivada de la condena.

Propiedades en Puerto Madero, El Calafate y Río Gallegos

Además del departamento de San José 1111, la resolución comprende inmuebles ubicados en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero . Entre ellos figuran un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y una baulera. Según el expediente, esas propiedades tuvieron como único inquilino a Cristóbal López.

En Santa Cruz se incorporó el terreno correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén , además de otros terrenos e inmuebles ubicados en El Calafate.

También fueron alcanzadas propiedades de la familia Kirchner en Río Gallegos , entre ellas el chalet ubicado sobre la costanera y otros inmuebles situados en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

Más de US$5 millones de Florencia Kirchner

La segunda etapa incluye además más de US$5 millones atribuidos a Florencia Kirchner, encontrados años atrás en una caja de seguridad del Banco Galicia durante la investigación de la causa Hotesur.

De acuerdo con la resolución, la Justicia considera que la familia Kirchner no acreditó el origen lícito de esas divisas .

El TOF 2 señaló además que el Banco Galicia todavía debe responder requerimientos destinados a establecer el estado actual de ese dinero y determinar si existen otros fondos depositados en cuentas o cajas de seguridad.

Con esta nueva resolución, el tribunal busca mantener inmovilizados los activos mientras continúa la discusión judicial sobre qué bienes quedarán finalmente sujetos al decomiso para cubrir el monto establecido en la condena por la causa Vialidad .