Ampliaron los procesamientos de 13 imputados ligados al Tren de Aragua
A pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes amplió los procesamientos de 13 personas acusadas de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional del Tren de Aragua, por el delito de asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal.
Los 13 acusados ya contaban con procesamiento con prisión preventiva —confirmado por la Cámara Federal de Corrientes, por los delitos de lavado de activos y, nueve de ellos, por financiamiento del terrorismo.
La decisión fue adoptada el lunes pasado por el juez federal subrogante Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, en línea con un pedido formulado por el MPF.
En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de «organización criminal», contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 —promulgada en marzo de 2025— y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión.
El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada «Banda del Yiyi», vinculada al Tren de Aragua, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por Interpol de la Policía Federal (PFA), en la provincia de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de «alto riesgo» en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
Las otras 12 personas procesadas —identificadas por sus iniciales— son E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A.
LA AMPLIACIÓN DE LAS INDAGATORIAS
En septiembre del año pasado, los 13 imputados (11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino) habían sido procesados por los tres delitos. Sin embargo, el 22 de diciembre siguiente, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos únicamente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y declaró la nulidad parcial respecto de la imputación por organización criminal, al considerar que no había sido debidamente notificada al momento de las indagatorias.
A raíz de ello, el 6 de enero pasado los representantes del MPF solicitaron la ampliación de las indagatorias, que se realizaron entre el 13 y el 21 de ese mes.
En esas audiencias, se puso en conocimiento de los imputados que la acusación completa comprendía, en esta etapa preliminar, los delitos previstos en los artículos 210 ter (organización criminal), 303 inciso 1° (lavado de activos) y 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
Al definir la situación procesal de los y las acusados/as, el juez Fresnada sostuvo que «a partir de los elementos reunidos en la pesquisa efectuada por el Ministerio Público Fiscal, corresponde tener por semiplenamente probado, obviamente, con el grado de provisoriedad que caracteriza a este estadio procesal, la existencia en el territorio nacional de una organización criminal liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho».
Según la resolución, la estructura habría operado al menos desde junio de 2019 hasta mayo de 2025. En ese período, sus integrantes habrían mantenido «comunicaciones frecuentes y sostenidas», coordinado movimientos de dinero, administrado bienes y distintos «negocios» en la Argentina y en el exterior, intermediado en el pago de deudas, gestionado recursos comunes y realizado desplazamientos para concretar encuentros presenciales, lo que —de acuerdo con el magistrado— «revela una cooperación permanente y sostenida que excedía con creces la necesaria para la mera perpetración de los hechos delictivos por los que ya se encuentran procesados».
EL CASO
La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención de Boscán Bracho, efectuada por parte de personal del Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA), en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes.
El venezolano tenía pedido de captura internacional por una serie de delitos y sus vínculos con el Tren de Aragua. Había ingresado al país procedente de Colombia el 22 de junio de 2019 con una identidad falsa y al momento de su detención vivía en un country de la ciudad de Corrientes.
Su detención dio lugar a una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC, que permitió desarticular la presunta estructura criminal con ramificaciones transnacionales ahora procesada.
El presunto líder de la organización ya estaba detenido en el penal de Ezeiza, pero los otros 12 acusados fueron apresados en una serie de allanamientos realizados, a pedido del MPF, el 28 de mayo del año pasado en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata y en la capital de Corrientes.
Según la circular roja de Interpol que pesaba sobre él, el venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de «extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios».
Según la pesquisa, la organización operaba a través de dos células y habría desplegado múltiples maniobras de lavado de activos y de financiamiento de actividades de la organización en el exterior.
Se identificaron múltiples operatorias de blanqueo de capitales, cuyo volumen fue estimado en más de 120 millones de pesos. Entre ellas, se describieron el uso de un sistema informal de transferencias tipo «hawala» (opera al margen de la banca tradicional, basado en la confianza y en redes personales) montado en un local del barrio porteño de Colegiales bajo el nombre comercial «Giro Activo», el ingreso de divisas al país mediante «correos humanos», el fraccionamiento de remesas, la constitución de sociedades de fachada para la explotación de locales comerciales y un esquema de transferencias circulares entre los integrantes del grupo destinado a dificultar la trazabilidad de los fondos.
