El Reino Unido endurece el control sobre Malvinas y exigirá aval de Londres para licencias petroleras
El gobierno del Reino Unido formalizó una modificación estructural en el esquema de concesiones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur: a partir de ahora, las licencias para proyectos de exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas requerirán de manera obligatoria la autorización final del secretario de Estado de Asuntos Exteriores británico, Edward Miliband.
La medida fue ratificada ante la Cámara de los Lores por el subsecretario parlamentario de Estado, Stewart Wood, tras una comunicación previa elevada a la Cámara de los Comunes el pasado 1° de octubre. Aunque la administración local de las islas mantendrá las facultades de regulación técnica y ambiental, el poder de veto y la venia definitiva quedarán concentrados de manera directa en Londres.
Autodeterminación y la respuesta británica ante las sanciones argentinas
El ajuste en la normativa británica representa un movimiento estratégico del Foreign Office para blindar políticamente los proyectos extractivos en la zona frente a la escalada judicial de la Casa Rosada. En el escrito oficial, Wood reafirmó la postura de su país al sostener que los habitantes del archipiélago poseen el derecho indiscutible a explotar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación.
Por su parte, el Estado argentino mantiene activos procedimientos administrativo-sancionatorios contra más de 60 compañías petroleras e inversores —principalmente de capitales británicos e israelíes— por transgredir la Ley de Hidrocarburos (Ley 26.659), norma que prohíbe operar en la Plataforma Continental Argentina sin la venia de la autoridad nacional.
Rockhopper ratificó los plazos para el proyecto Sea Lion
A pesar de las embestidas diplomáticas y los apercibimientos judiciales cursados por la Cancillería argentina, la firma británica Rockhopper Exploration —principal impulsora del megaproyecto petrolero Sea Lion— confirmó que mantiene sin alteraciones su cronograma de trabajo.
Desde la petrolera señalaron que, si bien las presentaciones judiciales argentinas derivaron en «un período de mayor atención mediática y política», no comprometen la factibilidad técnica ni el financiamiento para comenzar el flujo comercial de crudo a principios de 2028.
