Sarmiento perdió una protección judicial y enfrenta embargos laborales por casi $300 millones
El Club Atlético Sarmiento sufrió un revés judicial que podría profundizar sus dificultades financieras. El Juzgado Civil y Comercial N.º 21 de Resistencia rechazó una acción de amparo presentada por la institución contra el Nuevo Banco del Chaco y dejó sin efecto la medida cautelar que limitaba al 20% de sus ingresos netos mensuales el alcance conjunto de los embargos sobre sus cuentas.
La resolución fue firmada el miércoles 18 de noviembre por el juez Julián Fernando Benito Flores y representa un avance para seis extrabajadores que reclaman el cobro de créditos laborales reconocidos judicialmente. Según la documentación incorporada al expediente, los montos involucrados rondan los $300 millones, entre capital, intereses y costas judiciales.
El fallo no establece que el club deba desembolsar inmediatamente esa suma ni dispone nuevos embargos. Sin embargo, elimina la protección que restringía el impacto conjunto de las medidas judiciales sobre los ingresos de la institución deportiva de Resistencia.
La controversia involucra a seis extrabajadores que se presentaron ante la Justicia para cuestionar la medida cautelar que beneficiaba a Sarmiento. Los reclamantes señalaron que sus créditos laborales surgieron de procesos tramitados ante distintos juzgados laborales de Resistencia.
De acuerdo con las actuaciones, cinco de los juicios involucrados fueron iniciados durante la actual gestión del Club Atlético Sarmiento, mientras que el restante comenzó durante la conducción anterior. Esta distribución permite identificar cuándo se iniciaron los procesos, aunque no determina necesariamente en qué período se originaron las obligaciones laborales reclamadas.
Los casi $300 millones corresponden exclusivamente a los seis acreedores que participaron de esta presentación y no representan necesariamente la totalidad de las obligaciones laborales pendientes de la institución.
Los trabajadores también cuestionaron que la medida cautelar se hubiera dictado sin que fueran notificados, pese a que sus efectos alcanzaban directamente a los reclamos que habían obtenido reconocimiento judicial.
El conflicto comenzó el 21 de mayo de 2026, cuando el presidente de Sarmiento, Mauricio Jesús González, presentó una acción de amparo contra el Nuevo Banco del Chaco.
En aquella oportunidad, la dirigencia argumentó que la institución atravesaba una situación económica y financiera crítica debido a la acumulación de embargos derivados de diferentes juicios laborales. Según planteó, esas medidas comprometían prácticamente la totalidad de los ingresos ordinarios del club y dificultaban el cumplimiento de obligaciones esenciales, como el pago de salarios, servicios públicos, cobertura médica y gastos vinculados con las actividades deportivas.
Por ese motivo, solicitó que los embargos no superaran el 10% de los ingresos netos mensuales o el porcentaje que la Justicia considerara razonable.
El 23 de mayo, el juzgado hizo lugar parcialmente al pedido y estableció una medida cautelar que fijó un límite del 20% de los ingresos netos mensuales. La disposición fue comunicada al Nuevo Banco del Chaco, a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a otros organismos.
Sin embargo, al analizar el expediente, el juez encontró distintos motivos para dejar sin efecto esa protección.
Uno de los argumentos centrales fue la falta de actividad procesal por parte del propio club. Según observó el magistrado, después de obtener la medida cautelar, Sarmiento no impulsó el trámite principal, que permanecía sin movimientos desde junio de 2026.
Para el juez, esa inactividad resultaba contradictoria con la urgencia económica invocada por la institución para conseguir la protección judicial. También cuestionó que la medida provisoria se hubiera mantenido durante más de cinco meses sin que el banco demandado pudiera ser escuchado ni se produjeran pruebas sobre los hechos expuestos por el club.
Otro punto determinante fue que los embargos no habían sido ordenados por el Nuevo Banco del Chaco, sino por distintos jueces laborales que intervenían en los reclamos de los trabajadores. Por esa razón, consideró que el amparo contra la entidad bancaria no era el mecanismo adecuado para modificar o suspender resoluciones dictadas por otros tribunales.
La sentencia también remarcó el carácter alimentario de los créditos laborales y la protección constitucional que tienen los derechos de los trabajadores, especialmente cuando existen decisiones judiciales firmes que reconocen esas obligaciones.
Con el rechazo del amparo, quedó sin efecto la cautelar del 23 de mayo y se ordenó comunicar la resolución al Nuevo Banco del Chaco, a la AFA y a los demás organismos que habían sido notificados.
De esta manera, Sarmiento pierde el límite general que impedía que los embargos superaran, en conjunto, el 20% de sus ingresos netos mensuales. El impacto concreto sobre las finanzas de la institución dependerá de las medidas vigentes en cada expediente, los montos reclamados y su capacidad de afrontar los compromisos.
No obstante, el magistrado aclaró que el club todavía cuenta con herramientas judiciales para solicitar la reducción, sustitución o modificación de los embargos. Para hacerlo, deberá presentarse ante los jueces competentes y garantizar la intervención de los acreedores afectados.
Además, la sentencia impuso las costas del proceso a la institución y reguló honorarios profesionales por $3.240.150 para la abogada que patrocinó al club.
El fallo no declara la quiebra de Sarmiento ni determina que atraviese una situación de insolvencia irreversible. El pronunciamiento se limita a resolver la procedencia del amparo utilizado para intentar restringir los embargos.
La dirigencia cuenta con un plazo de 48 horas para presentar una apelación. Mientras tanto, la institución deberá afrontar un nuevo escenario judicial, con la presión de los reclamos laborales y la necesidad de sostener sus compromisos económicos y deportivos.
