Punto final: la Justicia desestimó la denuncia de Pérez Pons y cerró la causa contra Cipolini

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La Fiscalía de Investigación Penal N.º 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña resolvió archivar las actuaciones vinculadas al intendente Bruno Cipolini en el marco de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales opositores por operaciones financieras realizadas con fondos municipales.

La resolución del Ministerio Público Fiscal sostiene que, respecto de Cipolini, el hecho denunciado no encuadra en figura penal alguna, por lo que dispuso el archivo de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Penal del Chaco.

La investigación había generado un conflicto judicial durante los últimos meses y pasó a la órbita de la Fiscalía N.º 4, a cargo del fiscal Gustavo Rafael Valero, luego del apartamiento del fiscal que inicialmente intervenía en el expediente.

También solicitaron el sobreseimiento de Landriscina

En la misma resolución, la Fiscalía determinó que corresponde instar ante el Juzgado de Garantías el sobreseimiento de Diego Landriscina, exfuncionario municipal que había quedado involucrado en la investigación.

De acuerdo con la decisión fiscal, el pedido deberá ser analizado por el Juzgado de Garantías en los términos previstos por el Código Procesal Penal.

La resolución lleva las firmas de Gustavo Rafael Valero y Andrea Verónica Bastos y fue publicada oficialmente el 15 de septiembre de 2026, según la documentación referida.

El origen de la investigación

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de este año por Santiago Pérez Pons, junto con concejales del espacio justicialista de Sáenz Peña, contra Cipolini y funcionarios de su administración. La presentación cuestionaba operaciones realizadas por el Municipio a través de la Bolsa de Comercio del Chaco.

La investigación tuvo posteriormente distintos movimientos dentro del Ministerio Público Fiscal. En mayo, la Procuración General Adjunta dispuso que el expediente continuara bajo la órbita de la Fiscalía de Investigación N.º 4, a cargo de Valero, junto con la intervención de la fiscal de Cámara Andrea Verónica Bastos.

El caso había sido objeto de presentaciones y cuestionamientos públicos por parte de distintos sectores políticos durante el desarrollo de la investigación.

Con la resolución conocida este 15 de septiembre, la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones respecto de Bruno Cipolini, mientras que para Diego Landriscina solicitó al Juzgado de Garantías que dicte el correspondiente sobreseimiento.

La medida representa un nuevo capítulo en la investigación iniciada por las operaciones financieras realizadas con fondos municipales de Sáenz Peña.