Proyectan endurecer penas contra el maltrato animal
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura del Chaco busca fortalecer el régimen sancionatorio frente al maltrato y la crueldad animal, con el objetivo de mejorar su eficacia y reducir la brecha entre la normativa vigente y su aplicación real.
En ese marco desde el ámbito proteccionista valoraron la iniciativa, aunque advirtieron que resulta insuficiente si no se acompaña de políticas públicas integrales.
«Poner el tema en agenda y plantear sanciones más severas es muy importante. Pero, si el abordaje se va a limitar principalmente al endurecimiento de penas, para mí, es incompleto», señaló Mariángeles Merino, referente de la Fundación Libera Chaco.
La iniciativa, impulsada por la diputada Maida Gabriela With, plantea una actualización de las multas previstas en el Código de Faltas provincial, estableciendo sanciones más severas. En casos de maltrato animal, se prevén multas de entre cinco y veinte salarios mínimos, vitales y móviles, y arresto de hasta 60 días. Para hechos de crueldad, las sanciones se elevan a entre veinte y cincuenta salarios mínimos, con arrestos de hasta 120 días.
Sin embargo, Merino remarcó que el problema excede lo punitivo. «El maltrato animal no es solo un problema de castigo, sino también de prevención, control y responsabilidad estructural. Sin esos componentes, el impacto puede ser acotado», sostuvo.
En esa línea, explicó que, si bien el aumento de multas puede tener un efecto disuasivo en algunos casos, no resulta suficiente frente a la realidad cotidiana. «Una gran parte de las situaciones de maltrato están vinculadas a negligencia, falta de educación en tenencia responsable, sobrepoblación animal y ausencia de controles efectivos. En esos escenarios, la multa por sí sola no cambia conductas de fondo», afirmó.
La proteccionista también puso el foco en las limitaciones de la normativa vigente. Según indicó, tanto la legislación nacional como la provincial no contemplan de manera expresa muchas formas actuales de maltrato. «Hoy sabemos que el daño hacia los animales no se reduce únicamente a la agresión física directa, sino que incluye abandono, negligencia extrema, falta de atención veterinaria, abuso sexual o situaciones de acumulación», detalló.
En ese sentido, consideró clave ampliar las definiciones legales para evitar «zonas grises» que dificulten sancionar ciertas conductas. «Sin ese paso, muchas situaciones quedan sin respuesta y el animal no recupera bienestar. Y como sociedad queda una gran frustración e impotencia por la falta de justicia», expresó.
Respecto a la situación en la provincia, Merino fue contundente: «Es crítica, mucho más grave y extendida de lo que suele percibirse». Y agregó: «El problema no se limita a los casos extremos que generan conmoción pública, sino que se manifiesta de manera cotidiana, persistente y muchas veces invisible».
Entre los ejemplos, mencionó animales que viven atados toda su vida, sin atención veterinaria o en condiciones de abandono encubierto. «Lo más preocupante es que estas situaciones son parte de una problemática estructural. La sobrepoblación animal, la ausencia de controles y la falta de políticas sostenidas generan un escenario donde el maltrato se reproduce constantemente y está naturalizado», advirtió.
Además, señaló que existen dificultades tanto en la aplicación de las leyes como en su alcance. «Fallan la recepción de denuncias, la intervención temprana y la coordinación entre organismos. Muchas situaciones nunca llegan a resolverse», indicó, y agregó que las sanciones actuales «resultan poco disuasivas», con penas bajas y multas reducidas.
Finalmente, Merino adelantó que desde el sector también impulsan una propuesta legislativa propia con un enfoque integral. «Además de endurecer sanciones, incorpora herramientas concretas de prevención, intervención temprana y responsabilidad estatal. También amplía las definiciones de maltrato y crueldad, incluyendo figuras como la acumulación de animales y el abuso sexual», explicó.
«El desafío es no quedarnos solo en lo punitivo, sino avanzar en políticas públicas eficaces que permitan actuar a tiempo y evitar que el daño ocurra», concluyó.
