Piden hasta cinco años de prisión para exjefes de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan
El equipo de fiscales conformado por Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzan, solicitó hasta 5 años de prisión efectiva para cuatro exoficiales superiores de la Armada Argentina, por su responsabilidad en el hundimiento y posterior implosión del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
Los representantes del MPF, designados por el procurador general interino mediante la Resolución MP 267/2025, requirieron para el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo y para el excapitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide, 5 años de prisión; 4 años de prisión para el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso; y 3 años y 6 meses de prisión para el capitán de fragata (RE), Hugo Miguel Correa.
Además, pidieron que se les fije a los cuatro implicados la inhabilitación especial perpetua.
En su alegato del lunes pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, el equipo de fiscales consideró a los imputados como autores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado, por haber causado la muerte de 44 personas, en concurso ideal.
Por otra parte, en cuanto a la reparación de los perjuicios, solicitaron que se requiera a la Armada el levantamiento de la suspensión de la actuación administrativa REAAM -Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares-, iniciada el 22 de noviembre del 2017 por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad y suspendida el 1° de diciembre del 2017, a los efectos de determinar el costo de reposición de la perdida material del submarino ARA San Juan.
Asimismo, pidieron que se forme un incidente de recuperación de activos respecto del cual se solicita la reserva, de acuerdo con lo previsto en los artículos 198, 197 in fine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable de conformidad con el artículo 520 del Código Procesal Penal de la Nación.
RESPONSABILIDADES
Los fiscales sustentaron la imputación en los cargos que los acusados ocupaban al momento de los hechos y en las funciones específicas que incumplieron en relación con el alistamiento, mantenimiento programado y reglamentario, e inspección del Submarino ARA San Juan.
Ello en base al Reglamento General del Servicio Naval, Reglamento Operativo de la Armada, Reglamentos específicos del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada y del Comando de la Fuerza de Submarinos, más el manual del fabricante y la Disposición 1/2015 de la Inspección General de la Armada.
En ese sentido, se puntualizó: «También tenemos en cuenta en el pedido de pena que el resultado fue la muerte de 44 tripulantes; es decir el resultado de la imprudencia no fue un resultado menor sino la pérdida irreparable de 44 vidas humanas, que habilita el agravante impuesto en la segunda parte del artículo 189».
A eso le agregaron la pérdida del submarino ARA San Juan, que «fue provocada imprudentemente por los imputados» y que representó «la destrucción de un activo estratégico de la defensa nacional, una unidad de guerra esencial para la soberanía de nuestro mar».
De esta manera, los fiscales resaltaron la responsabilidad que tenían el contralmirante López Mazzeo -titular del COAA en 2017- y el excapitán de navío (destituido) Villamide -quien se desempeñó como titular del COFS entre el 21 de febrero y noviembre de 2017 y Héctor Aníbal Alonso -quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor del COFS- y Hugo Miguel Correa -quien se desempeñaba como Jefe de Operaciones del COFS, entre otros cargos-.
