Laguna Blanca en alerta por auditoría de pensiones por discapacidad bajo el gobierno de Milei
La Municipalidad de Laguna Blanca, encabezada por la intendenta Claudia Panzardi, lanzó un operativo de emergencia para asistir a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, en el marco de una auditoría nacional que impone como fecha límite el 13 de agosto.
Según denunció la jefa comunal, el procedimiento implementado por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, introduce cambios drásticos en los criterios de evaluación, lo que podría derivar en la suspensión masiva de beneficios esenciales para familias vulnerables.
La auditoría, a cargo de la doctora Parellada y designada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue anunciada con menos de una semana de anticipación y obliga a los beneficiarios a presentar documentación médica actualizada para justificar la continuidad del cobro.
“Jamás firmamos una sola pensión trucha. Las pensiones fueron otorgadas porque realmente las personas tenían distintos grados de discapacidad y, además, por su situación de salud y condiciones económicas y sociales”, afirmó Panzardi, quien cuestionó que bajo la actual administración “no ha salido ni un solo trámite favorable, incluso en casos extremos”.
La intendenta recordó que en gestiones anteriores, como las de Néstor y Cristina Kirchner, los intendentes eran convocados por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, para presentar casos de necesidad, algo que, según dijo, contrasta con el enfoque actual: “El criterio [del presidente Milei] es de no sacar nuevas pensiones”.
Plan municipal para evitar suspensiones
Ante el riesgo de cortes masivos, el municipio organizó un operativo que incluye transporte gratuito hacia Puerto Tirol, donde se realiza la auditoría, y traslados especiales para personas con movilidad reducida. En casos de beneficiarios postrados, se gestionan videollamadas con el equipo auditor, acompañadas por personal municipal.
El equipo social de Laguna Blanca trabaja en la recopilación de estudios médicos y la carga de documentación, buscando garantizar que ningún beneficiario pierda su pensión por falta de gestión.
Panzardi advirtió que la pérdida de estos beneficios representaría un golpe económico y social severo: “Es quitarle un pedazo de pan de la boca a muchas personas que lo necesitan para sostener un mínimo nivel de vida”.
La jefa comunal enmarcó la problemática en una “deuda social histórica” del Estado con las provincias del norte, los pueblos originarios y las comunidades del interior profundo, marcada por déficits estructurales en infraestructura, salud, educación y acceso al agua potable.
Con el plazo del 13 de agosto acercándose, el municipio llamó a los beneficiarios y sus familias a concurrir a la auditoría. “El no presentarse será causal de corte del beneficio”, alertó Panzardi, quien pidió “sensibilidad y empatía” al Gobierno nacional.
