Gobierno endureció el régimen de contrataciones para excluir a empresas vinculadas a la corrupción
El Gobierno nacional modificó el régimen de contrataciones del Estado con el objetivo de impedir la participación de empresas ligadas a hechos de corrupción en obras públicas, compras y prestación de servicios. Los cambios fueron oficializados a través del decreto 5, publicado este martes en el Boletín Oficial, y amplían las restricciones vigentes para los oferentes.
Con la nueva normativa, quedarán excluidas de los procesos de contratación aquellas empresas que hayan incurrido en «conductas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas y obstructivas» , según establece el texto oficial. El Ejecutivo subrayó que la contratación pública debe desarrollarse en un marco de «integridad, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas».
Entre las principales modificaciones, el decreto dispone que los organismos estatales deberán verificar que los oferentes no figuren en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que sancionan a empresas involucradas en prácticas ilícitas. Hasta ahora, esa verificación no estaba incorporada de manera sistemática en los procedimientos de contratación.
«El Estado debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectividad del mecanismo de exclusión», señala el decreto, y advierte que la corrupción «deteriora la confianza en las instituciones públicas, afecta los servicios que debe brindar el Estado, distorsiona los incentivos y conduce al uso ineficiente de los recursos públicos», lo que termina debilitando el crecimiento y el desarrollo económico.
En ese sentido, el Gobierno remarcó que tiene la responsabilidad de implementar herramientas para disuadir, prevenir y combatir el cohecho transnacional, ya sea a través de sanciones penales, civiles o administrativas. Entre estas últimas, se destaca la exclusión o inhabilitación de empresas para participar en licitaciones y contratos públicos.
La decisión se enmarca en una etapa clave de la política económica del Gobierno, que avanza en paralelo con su agenda de privatizaciones. A fines de 2025, el Ejecutivo abrió el concurso para la venta de acciones que controlan Transener, la principal transportadora de energía del país, en un paso considerado estratégico hacia la privatización de Enarsa. La apertura de sobres está prevista para el 23 de marzo.
También continúa la segunda etapa de concesión de rutas nacionales, que incluye las autopistas Ricchieri y Ezeiza-Cañuelas, además de tramos de las rutas 3 y 5. El 6 de febrero se conocerán las ofertas para más de 1800 kilómetros actualmente operados por Corredores Viales.
En cuanto a la hidrovía, ya se publicaron los pliegos para la reprivatización de la Vía Navegable Troncal. El período de consultas se encuentra abierto y la licitación prevé la apertura de sobres el 27 de febrero.
Además, el Gobierno de Javier Milei mantiene en carpeta la privatización de AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, que podrían avanzar en los próximos meses como parte del plan de reforma del Estado.
