El Gobierno negó cambios en el enganche judicial y ratificó la escala salarial vigente
El ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, respondió a los reclamos de trabajadores judiciales y aseguró que la Ley de Enganche no será derogada. Explicó que el proyecto de intangibilidad busca cumplir una sentencia firme vinculada a magistrados, sin modificar el esquema salarial del resto del personal.El Gobierno provincial salió a responder los cuestionamientos de los gremios judiciales tras las medidas de fuerza realizadas en Chaco. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, aseguró que no existe un “desenganche” salarial y ratificó la vigencia de la Ley de Enganche para los trabajadores del sector.
El funcionario aclaró que la iniciativa enviada por el Ejecutivo no deroga la normativa actual ni altera la escala salarial general del Poder Judicial. Según explicó, el proyecto de intangibilidad tiene como finalidad dar cumplimiento a una sentencia firme en la causa “Alonso de Martina”, vinculada a la actualización progresiva de los haberes de magistrados.
Abraam señaló que la obligación judicial apunta a equiparar las remuneraciones de jueces y funcionarios alcanzados por el fallo con parámetros salariales nacionales. Para eso, el Ejecutivo propuso un esquema de adecuación gradual en un plazo de 24 meses, dividido en metas semestrales.
Desde Hacienda remarcaron que la pirámide salarial continuará tomando como referencia la remuneración de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, equivalente al 100%, y desde allí se calcularán los porcentajes correspondientes al resto del escalafón.
El ministro también garantizó la continuidad del mecanismo de Ajuste por Revisión previsto en la legislación vigente para todos los agentes judiciales. De esta manera, buscó llevar tranquilidad al personal administrativo y de maestranza ante las versiones sobre un posible congelamiento o relegamiento salarial.
Respecto del impacto presupuestario, Abraam indicó que el Ministerio ya realizó las proyecciones financieras necesarias, aunque no precisó una cifra total. Al tratarse de una aplicación progresiva en cuatro semestres, el mayor peso del desembolso sería incorporado al Presupuesto 2027 y a los ejercicios posteriores.
La respuesta oficial se produjo en medio de la tensión con los trabajadores judiciales, quienes manifestaron preocupación por el alcance del proyecto y por sus posibles efectos sobre el esquema de remuneraciones. El Gobierno, en cambio, sostiene que la medida se limita a cumplir una orden judicial sin afectar los derechos salariales del resto del personal.
