El Gobierno disuelve la Agencia Nacional de Discapacidad y traspasa sus funciones al Ministerio de Salud

El Gobierno nacional resolvió disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transferir sus competencias al Ministerio de Salud. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en medio de la investigación judicial por presuntas coimas y sobreprecios que alcanzó al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y derivó en la intervención de la agencia.

Adorni afirmó que «la agencia, tal como la conocemos, dejará de existir» y señaló que la decisión se vincula con «graves deficiencias administrativas» detectadas en su funcionamiento. 

Recordó que ANDIS fue creada en 2017 como organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, pero aseguró que, con el paso del tiempo, «fue acumulando capas de burocracia, descontrol administrativo y prácticas incompatibles con una gestión transparente».

Entre las irregularidades que mencionó se encuentran casos de «personas fallecidas cuyos familiares continuaban cobrando la pensión», «beneficios otorgados sin documentación válida», «médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico» y «organizaciones que facturaban sin prestar servicios».

Con el traspaso de funciones, el Gobierno anticipó que las políticas de discapacidad quedarán bajo la órbita del Ministerio de Salud y serán gestionadas «con mayor trazabilidad en los expedientes, auditorías permanentes y criterios sanitarios en la toma de decisiones». Según adelantó el funcionario, también se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representaría una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica del organismo.

Durante el anuncio, Adorni evitó referirse en detalle a la causa judicial abierta por presuntas coimas y sobreprecios, que motivó la intervención del Ejecutivo en ANDIS y derivó en la salida de su extitular.

Corrupción en Andis: ¿Cómo funcionaba el desvío de fondos?

En los últimos meses, la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se transformó en un eje de tensión política y judicial. La causa se inició tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo , entonces titular del organismo, en los que detallaba un presunto esquema de retornos de dinero desde empresas proveedoras de medicamentos al interior de la agencia, vinculando a la droguería Suizo Argentina y mencionando a ejecutores y operadores del gobierno.

A partir de esas escuchas, la Justicia Federal abrió una investigación por posible corrupción pública, con más de 600 contratos bajo la lupa por sobreprecios y contrataciones irregulares, y una trama que según el fiscal Franco Picardi habría generado un perjuicio patrimonial al Estado y al colectivo de personas con discapacidad.

En el avance reciente de la causa, Spagnuolo fue citado a indagatoria y enfrenta un proceso donde la fiscalía reconstruye el funcionamiento de esa presunta red: hay chats, videos y grupos de WhatsApp que habrían sido utilizados por operadores ligados a su gestión, y se investiga si existió una «ventanilla de pagos» para beneficios indebidos. 

También se detectaron bienes y dinero no declarado vinculados al exfuncionario , y la investigación judicial sigue con medidas de prueba para determinar responsabilidades. En paralelo, la defensa de Spagnuolo presentó pedidos de nulidad del expediente y planteos acerca de la autenticidad de los audios que lo implican, argumentando supuestas manipulaciones.