El Gobierno batalló más de la cuenta pero logró sancionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
El Senado le dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos más importantes del Gobierno, aunque el oficialismo tuvo que ceder en dos puntos clave para conseguir los votos. La iniciativa se aprobó por 37 votos a favor y 33 en contra , después de más de diez horas de debate, y ahora pasó a la Cámara de Diputados.
En las afueras del Congreso, la jornada también estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad. Artistas, organizaciones sociales, ambientales y políticas que se manifestaban contra el proyecto denunciaron «represión policial» durante el procedimiento de desalojo de la protesta.
Los incidentes incluyeron corridas y enfrentamientos cuando la movilización ya comenzaba a desconcentrarse. La protesta había estado impulsada principalmente por el rechazo a las reformas sobre tierras y Manejo del Fuego.
VICTORIA PÍRRICA
La principal novedad fue que La Libertad Avanza evitó una derrota parlamentaria retirando dos capítulos sensibles. Primero dejó afuera la flexibilización para la venta de tierras a extranjeros y, ya sobre el cierre de la sesión, también eliminó la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Esos cambios quedaron en el camino porque varios aliados provinciales y senadores patagónicos retiraron su respaldo a último momento.
LOS VOTOS CHAQUEÑOS
En cuanto a los votos chaqueños, no hubo mayores sorpresas. Si bien la ex gobernadora, Silvana Schneider había preferido el silencio en la previa del debate; se esperaba que acompañe a la iniciativa del Gobierno, como terminó pasando. Su voto se sumó al de Juan Cruz Godoy, integrante del bloque de La Libertad Avanza.
En cambio, desde que la iniciativa tomó estado parlamentario, contó con el rechazo de Jorge Capitanich, del bloque Popular. El ex gobernador había firmado un dictamen en minoría y el jueves fue uno de los primeros en tomar la palabra en el recinto.
BASES DE LA NORMA
Con esas concesiones, el proyecto quedó reducido a su núcleo central. El primer eje apunta a agilizar los desalojos: todos los procesos pasarán a tramitarse por juicio sumarísimo y, en casos de alquileres impagos, el inquilino deberá ser intimado y contará con un plazo mínimo de diez días antes de iniciar la demanda. Además, si hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez deberá garantizar hasta diez días para buscar una alternativa habitacional.
El segundo capítulo modifica el régimen de expropiaciones. Desde ahora, la declaración de utilidad pública deberá justificarse de manera más estricta y la indemnización se calculará principalmente sobre el valor de mercado del bien y los daños directos, con límites al lucro cesante. También se restringen las ocupaciones temporarias del Estado a un máximo de 90 días, prorrogables una sola vez.
FUTURO INCIERTO
En lo político, el oficialismo consiguió el respaldo de la oposición dialoguista para aprobar la ley, pero quedó claro que ya no alcanza con los votos propios y que los gobernadores aliados marcaron límites concretos a la agenda del Gobierno. El resultado fue una victoria legislativa, aunque con una versión mucho más acotada del proyecto original.
