Causa VIVA: la defensa de los Menocchio aseguró que «no hay pruebas» y negó que se investigue lavado

La defensa de los integrantes de la familia Menocchio investigados en la denominada causa VIVA aseguró que no existen elementos que los vinculen con los hechos investigados y aclaró que el expediente no corresponde a una investigación por supuesto lavado de activos, sino a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Así lo explicó el abogado Pablo Petraglia, luego de finalizar las declaraciones indagatorias de Lucas y Luciano Menocchio, Carolina Binaghi y Anahí Aranda, quienes comparecieron de manera remota, a través de la plataforma Zoom.

Según indicó el letrado, todos ratificaron las declaraciones que habían presentado previamente por escrito  y acompañaron sus exposiciones con documentación de respaldo contable y societario. «No existe en la causa un solo elemento que los vincule con el hecho que se está investigando», sostuvo Petraglia.

El abogado explicó además que no se trata de un expediente iniciado específicamente contra la familia radicada en Resistencia. La causa principal está caratulada «Bárbara Castillo y otros s/ infracción Ley 23.737» , expediente N.º 6432/2025, y comprende a cerca de 40 personas investigadas , circunstancia que, según señaló, explica la magnitud de los procedimientos y allanamientos realizados. «No es una causa dirigida o exclusiva hacia la familia Menocchio que se encuentra en esta ciudad», remarcó.

Documentación contable y societaria

Uno de los puntos sobre los que hizo especial hincapié la defensa fue el origen y funcionamiento económico de las empresas vinculadas con los investigados. Petraglia señaló que durante las presentaciones fueron incorporados estatutos y estados contables de las empresas, documentación con la que buscan acreditar la regularidad de las actividades comerciales y de los movimientos económicos.

Según expresó el abogado, esos elementos constituyen «un elemento objetivo que acredita la absoluta transparencia y regularidad en el manejo de fondos» y sostuvo que «no existe sobresalto ni incremento estrepitoso económico» .

La aclaración adquiere relevancia debido a las versiones que vincularon públicamente los procedimientos realizados en los gimnasios VIVA y otros establecimientos con una investigación patrimonial. Petraglia fue categórico en este punto: «No es una causa de lavado» .

La investigación, señaló, se encuentra encuadrada en la Ley 23.737 , normativa nacional que contempla distintos delitos relacionados con estupefacientes, entre ellos su comercialización, producción, transporte y tenencia.

Sin embargo, aunque el abogado indicó que las imputaciones formuladas son las mismas para los cuatro investigados, no precisó cuál es concretamente la conducta que la Justicia les atribuye ni bajo qué artículo específico de la Ley 23.737 quedaron imputados.

Qué encontraron en los allanamientos

Respecto de los procedimientos realizados días atrás en Resistencia, Petraglia aseguró que «en los allanamientos solo se secuestró material informativo» .

La defensa sostiene que los elementos recolectados hasta el momento no permiten establecer una vinculación de Lucas y Luciano Menocchio, Carolina Binaghi y Anahí Aranda con la actividad delictiva que constituye el objeto central de la investigación.

En el caso particular de Carolina Binaghi , el abogado explicó que durante su presentación dejó asentado que se encuentra divorciada de Luis Raúl Menocchio desde hace más de 30 años  y que, según su declaración, desde entonces no mantiene contacto con él.

Este punto forma parte de la estrategia defensiva destinada a desvincular a los familiares investigados de Luis Raúl «El Gusano» Menocchio, quien cumple condena en la Unidad 6 de Rawson y aparece señalado dentro de la investigación que dio origen a los procedimientos.

El juez tiene diez días para resolver

Finalizadas las indagatorias, la defensa solicitó una resolución favorable para sus representados. «Hemos pedido la libertad», indicó Petraglia.

Según explicó el abogado, a partir de ahora el juez dispone de diez días para resolver la situación procesal  y puede adoptar tres decisiones: dictar el sobreseimiento , disponer la falta de mérito  o avanzar con el procesamiento .

En caso de que se dicte un procesamiento, agregó, la resolución podrá ser apelada por las defensas. La definición será clave para determinar si los elementos reunidos hasta el momento resultan suficientes para mantener a los cuatro chaqueños vinculados formalmente al expediente o si, como sostiene Petraglia, la investigación no logró establecer pruebas que los relacionen con los hechos bajo pesquisa.