Causa Tierras Fiscales en Chaco: la Justicia Federal ratificó los procesamientos de Capitanich y Soneira

capitanich_soneira

La decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de la capital chaqueña se conoció este martes, en el marco de la causa por presunta adjudicación irregular de tierras fiscales durante la última gestión de Jorge Capitanich en la gobernación provincial.

Cabe recordar que se trata de una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de más de 3.600 hectáreas fiscales en el Departamento Almirante Brown. Con este fallo, el tribunal ratificó los procesamientos hechos por el juez subrogante Fernando Carbajal el pasado mes de julio contra ‘Coqui’ Capitanich y su exministra de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira.

Asimismo, los magistrados determinaron que la causa no encuadra en el delito de lavado de activos y se dispuso  que las acciones judiciales pasen al fuero provincial.

El fallo emitido este martes lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá, Patricia Beatriz García y María Virginia Ise, quienes analizaron las apelaciones de los abogados defensores.

Pero el tribunal también ratificó el procesamiento de Mauricio Cian (pareja de Soneira) y de los empresarios Federico Storti y Leandro Bessone. En tanto que la resolución dictó, además, la falta de mérito para Nelson Ariel Pochón. Consideran las juezas que en esta etapa procesal no hay elementos probatorios suficientes para ubicar a Pochón como implicado directo en las acciones investigadas.

Particularmente sobre Marta Soneira las camaristas coincidieron unánimemente el rol de coautora en los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la fundamentación exponen que la exministra del sabía los nexos financieros entre Cian y los empresarios mencionados anteriormente. Incluyen el detalle de su firma en un permiso de ocupación favorable a Bessone que data de diciembre de 2021 para una de las parcelas cuestionadas.

Respecto a la situación de Jorge Capitanich, la confirmación de su procesamiento se resolvió por mayoría: Alcalá y García estuvieron a favor; mientras que Ise en contra. El tribunal consideró que los elementos recabados apoyan la hipótesis de una intervención coordinada para la adjudicación irregular de bienes estatales mediante decretos oficiales. Sin embargo, las magistradas aclararon que el devenir del proceso judicial deberá contar con precisiones exactas el nivel de conocimiento y el alcance de la participación subjetiva del exmandatario chaqueño en los hechos investigados.

Como se aclara al inicio del párrafo anterior, la jueza María Virginia Ise emitió un voto en disidencia respecto a Capitanich. Para ella correspondía la revocación del procesamiento y el dictamen de falta de mérito. Su postura se basó en que la mera firma de los decretos 2930/2022, 973/2023 y 1041/2023 no constituye una prueba automática de accionar doloso ni demuestra que Capitanich estuviera al tanto de irregularidades previas, amparándose en el principio de confianza dentro de la estructura administrativa y en que los expedientes provenían de trámites iniciados en la década del noventa.

Un aspecto central del fallo de este martes consistió en descartar definitivamente la figura de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal). Las juezas concluyeron que la instrucción no logró demostrar la existencia de operaciones comerciales o financieras posteriores destinadas a insertar formalmente en el mercado los supuestos beneficios económicos de las tierras, eliminando de este modo la única causal de índole federal que justificaba la radicación del expediente en dichos tribunales.

Otro detalle no menor tiene que ver con la desestimación del lavado de capitales: la Cámara Federal resolvió que la continuidad del proceso lo hará la Justicia ordinaria chaqueña. Una vez que se agoten las instancias recursivas pendientes, el sumario quedará definitivamente en la órbita de los tribunales provinciales para continuar con la investigación sobre el manejo del patrimonio del Estado local.