Causa Sueños Compartidos «Fue un plan criminal cuyo fin era defraudar las arcas públicas»
La Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal N°5 solicitó penas de hasta seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, al considerarlos responsables de una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La acusación sostiene que se desviaron 206 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.
Durante un alegato de más de diez horas, el fiscal general Diego Velasco afirmó que entre 2007 y 2011 funcionó un «sistema de corrupción institucional» que permitió adjudicar obras públicas de manera directa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, eliminando controles y flexibilizando las normas para facilitar el manejo de fondos públicos. Según la fiscalía, la organización recibió más de 900 millones de pesos y una parte de esos recursos fue desviada, mientras numerosas obras quedaron inconclusas o abandonadas.
La acusación indicó que la maniobra se instrumentó principalmente mediante el denominado Programa 50, utilizado para canalizar transferencias sin licitación pública ni los controles previstos por la normativa. Los fiscales sostuvieron que incluso se modificaron reglamentaciones para reducir los mecanismos de fiscalización y que las asociaciones civiles que intervenían en los convenios actuaban como una fachada para beneficiar directamente a la Fundación.
En su exposición, el Ministerio Público atribuyó a De Vido el diseño y la aprobación del esquema, a López la autorización de las transferencias y a Fatala la omisión de los controles sobre la ejecución de las obras. Respecto de Sergio y Pablo Schoklender, afirmó que desempeñaron un rol central en la administración de los recursos y obtuvieron beneficios personales mediante el presunto desvío de fondos. Además, solicitó penas de cuatro años para otros cuatro imputados considerados partícipes secundarios.
La fiscalía también requirió el decomiso de los 206 millones de pesos presuntamente defraudados, con actualización por inflación hasta que la sentencia quede firme. El juicio continuará el próximo 5 de agosto con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF). Al fundamentar el pedido de condena, Velasco definió la causa como «un hecho de gran corrupción», al considerar que involucró a altas autoridades del Estado, importantes recursos públicos y un esquema que se sostuvo durante varios años.
