Carlos Amad, el fiscal que destapó el escándalo de las pensiones truchas: “Al funcionario público hay que investigarlo sin miedo”

Desde el corazón del Chaco, en Presidencia Roque Sáenz Peña, el fiscal federal Carlos Amad , quien subroga también la fiscalía de Salta, comanda una de las investigaciones más complejas y explosivas de los últimos años en el norte argentino: una red estructural de corrupción que usó como mecanismo el otorgamiento fraudulento de pensiones por invalidez, gestionadas con certificados médicos truchos y con la connivencia de autoridades locales, profesionales de la salud y organismos estatales.

La punta del ovillo apareció en Taco Pozo, una localidad fronteriza con Salta y Santiago del Estero, pero el hilo se extendió rápidamente. Hoy la causa involucra también a municipios de Salta y otras localidades chaqueñas. En todos los casos, el patrón se repite: funcionarios municipales, empleados públicos y médicos tramitaban pensiones por discapacidad a personas que no presentaban ninguna condición real que justificara el beneficio.

“La corrupción se volvió sistemática, no era un hecho aislado. Era un modo de operar. Algunos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Otros no. Pero el resultado fue el mismo: un perjuicio millonario al Estado y una burla a quienes realmente necesitan estas pensiones”, señala Amad en una entrevista exclusiva.

Taco Pozo: la causa madre

El expediente judicial más avanzado tiene como epicentro a Taco Pozo. Allí, fueron procesadas 11 personas, entre ellas el intendente actual, Carlos Ibáñez, su hija médica, empleados de la municipalidad, personal del hospital local y de ANSES. Según la investigación, se fraguaban diagnósticos para presentar personas como discapacitadas y así obtener pensiones no contributivas.

“Había casos donde los beneficiarios no sabían que los estaban inscribiendo como discapacitados. Iban a una reunión, firmaban algo y después cobraban. Otros sí estaban al tanto. Vamos a fondo para diferenciar responsabilidades, pero el núcleo es el mismo: la estructura de poder local fue cómplice de esta maniobra”, explica Amad.

El fiscal logró avanzar rápidamente gracias a un equipo interdisciplinario: contadores, economistas, psicólogos, médicos forenses y peritos informáticos trabajan con él. “Nosotros no estamos para que los expedientes duerman. Estamos para resolver rápido y con precisión”, afirma.

Causas elevadas y nuevas investigaciones

El caso de Taco Pozo no es el único. En Enrique Urien, la justicia ya elevó a juicio una causa por maniobras similares, que involucra a la intendenta Pascua y parte de su gabinete. Además, Amad investiga al menos 30.000 pensiones sospechosas tramitadas en las provincias del norte en la última década. En algunos casos, hay beneficiarios reales. En muchos otros, hay nombres falsos, certificados médicos clonados y registros cruzados.

“Nuestra prioridad es diferenciar entre quien fue víctima de una maniobra y quien fue parte del engranaje. No vamos por el más débil. Vamos por el que usó su poder para estafar al Estado y enriquecerse”, aclara.

También se encuentran en etapa preliminar nuevas causas en las provincias de Salta , donde se replicarían patrones similares. “No se trata de perseguir a nadie por su filiación política. Se trata de seguir la ruta del dinero, del abuso de poder, del uso perverso de una herramienta del Estado que debería servir a los más vulnerables”, señala Amad.

Acusaciones políticas y amenazas

La magnitud de las causas y el perfil de los involucrados generaron reacciones inmediatas. Funcionarios investigados, dirigentes políticos y referentes sociales lo acusaron de responder a sectores políticos opositores o de actuar con “intencionalidad ideológica”.

Amad no se inmuta: “Me acusaron de ser libertario, de ser amarillo, de ser antiperonista. Yo no soy político, soy fiscal. Si un funcionario público tiene miedo de que lo investiguen, es porque algo hizo. El que está limpio no tiene nada que temer”.

El fiscal, que también investiga causas por lavado de activos y corrupción vinculada al exgobernador chaqueño, una exministra y empresarios, asegura que no trabaja con lógica electoral. “Yo no miro elecciones. Miro pruebas. Y si hay pruebas, actuamos. El Código Penal no pregunta de qué partido sos”.

Sobre las amenazas recibidas, Amad dice estar acostumbrado: “Cuando uno toca poder real, siempre aparecen las presiones. Pero yo no le tengo miedo a los poderosos. Tengo una convicción y un equipo que me respalda. No somos improvisados, somos quirúrgicos”.

Un modelo de fiscalía rápida y técnica

El equipo de Amad funciona bajo un esquema poco común en la justicia federal argentina: rapidez procesal, abordaje técnico y uso de herramientas interdisciplinarias. En pocos meses, su fiscalía logró armar expedientes robustos, con documentación, testimonios, pericias y reconstrucciones económicas detalladas.

“No es una caza de brujas. Es una metodología clara. Buscamos pruebas, desentrañamos estructuras, respetamos garantías y acusamos con fundamento. Lo que hacemos tiene sustento. Y va a tener consecuencias”, afirma con firmeza.

El futuro de la causa: juicio y reforma

Para Amad, estas investigaciones no deben quedar sólo en el castigo penal. “Hay que discutir cómo se controlan las pensiones, qué hace el Estado para auditar, y por qué estos sistemas fueron vulnerados durante tanto tiempo. El caso de las pensiones truchas es una radiografía de cómo se puede usar el aparato estatal para hacer política clientelar y también para enriquecerse”.

Mientras se prepara el juicio oral contra los primeros acusados, el fiscal asegura que lo más importante aún no se vio: “Lo de Taco Pozo es apenas una pieza. Hay muchas otras. Esto va a seguir. No vamos a frenar porque aparezcan nombres conocidos”.

Y concluye con una frase que repite como un mantra:
“Yo no investigo pobres. Yo investigo a los que usan al Estado para llenarse los bolsillos”.