Aradas: «La oposición nos tomó el pelo con la regulación de las aplicaciones»
Lo que debía ser una jornada de cierre legislativo en la que se esperaba dar al cierre a la regulación de las plataformas digitales de transporte en Resistencia, terminó en un duro cruce político que devolvió el debate al punto de partida.
El presidente del Concejo Municipal, Alejandro Aradas, manifestó su indignación ante lo que calificó como una maniobra dilatoria de los bloques opositores, quienes a último momento presentaron modificaciones que dinamitaron el consenso alcanzado durante meses.
«Se trabajó casi todo un año, se sancionó en primera lectura, se hizo una audiencia pública con todos los sectores y ahora, en el momento de la verdad, salen con cambios imposibles de cumplir. Siento que la oposición nos tomó el pelo con la regulación de las aplicaciones», sentenció Aradas.
El titular del cuerpo legislativo lamentó que, debido a esta falta de acompañamiento en la segunda lectura, el proyecto vuelve a foja cero, obligando a iniciar todo el proceso administrativo y legislativo nuevamente en el próximo período de sesiones.
Es que el oficialismo precisaba del acompañamiento de los bloques opositores porque para la modificación del Código de Tránsito que precisaba esta ordenanza, se requiere de mayoría calificada.
Lo cierto es que Aradas indicó que todo lo avanzado ahora implica un retroceso total porque el proyecto, al necesitar para su aprobación plena de doble lectura o doble consideración de los ediles que no se logró, vuelve a fojas cero.
Los puntos de conflicto surgieron por exigencias de la oposición que, según el oficialismo, rozan la ilegalidad o la inviabilidad operativa. Los bloques minoritarios solicitaron que Uber, DiDi y otras plataformas instalen una sede física obligatoria en la ciudad, el cobro de un impuesto específico de difícil aplicación y, fundamentalmente, la regulación municipal de las tarifas.
Además, insistieron en imponer un cupo limitado de choferes basado en la población o el parque automotor. Al respecto, Aradas recordó que el Ejecutivo Municipal había propuesto realizar primero un estudio de mercado para determinar cuánto podría saturarse la demanda, evitando las habilitaciones ilimitadas que hoy generan una competencia desleal y desordenada.
SE PERDIÓ UNA OPORTUNIDAD
En sintonía, la concejala Analía Verón brindó detalles sobre la frustrada sesión. «Teníamos la gran oportunidad de modificar el Código de Tránsito para formalizar un servicio que hoy existe pero no tiene reglas. Queríamos dejar en claro que regular estas plataformas no es una injerencia de la Municipalidad en las tarifas, sino un acto de justicia para poner en igualdad de condiciones a estos trabajadores con los taxistas, radiotaxis y remises», explicó.
Verón criticó que la oposición intentara forzar al Municipio a regular tarifas mínimas: «Es un transporte privado, no podemos interferir en el contrato entre el usuario y la plataforma. Lamentablemente hoy no pudimos avanzar por estas exigencias que no estaban acordadas previamente, como el cupo de conductores. Esperamos que el año que viene, tras este retroceso a foja cero, podamos trabajar con más seriedad y llegar a un consenso real que sea beneficioso para todos los ciudadanos».
Bolatti: «Avanzar con esto era el certificado de defunción del transporte público»
Lo que inicialmente se presentó como una modernización para incluir a Uber y plataformas similares en el marco legal de la ciudad, encendió las alarmas en el Concejo Municipal. El edil Fabricio Bolatti calificó la iniciativa como una «modificación gruesa y peligrosa» que, lejos de ordenar el sector, amenaza con liquidar tanto el sistema de taxis y remises como el transporte público de pasajeros.
Según Bolatti, el proyecto en tratamiento para su segunda lectura elimina los artículos que hoy sostienen las licencias de taxis y remises. Actualmente, el Gran Resistencia funciona bajo un sistema de cupos acordado entre municipios (Resistencia, Fontana, Vilelas y Barranqueras) basado en la densidad poblacional, totalizando unas 1.800 licencias activas.
«Se llevan puesto todo porque eliminan los artículos que soportan las licencias y los acuerdos con otros municipios», advirtió el concejal. Al derogar estos límites, se rompe el equilibrio del servicio que hoy permite a los trabajadores de las ciudades vecinas operar en la capital de manera ordenada.
Uno de los puntos más críticos señalados por Bolatti es la creación de un «servicio simplificado» que elimina obligaciones básicas para choferes y vehículos, flexibilizando controles de seguridad y registro sin una justificación clara.
Sin embargo, la mayor preocupación radica en la modificación de los «servicios especiales». El nuevo texto permitiría que ómnibus y combis —que hoy solo realizan traslados institucionales, de clubes o iglesias— operen con una libertad casi total.
«Están habilitando que las combi o los colectivos privados empiecen a levantar pasajeros en la calle», denunció Bolatti. La reforma eliminaría incluso la prohibición de que estos vehículos particulares se detengan en las paradas oficiales de colectivos para ofrecer sus servicios a los usuarios.
Para el concejal, esta maniobra no es casual y coincide con el fuerte incremento del boleto de transporte público, que ya alcanza los $1.800. Bolatti sostiene que, al desregular los servicios de ómnibus privados (el «Uber de colectivos»), estos podrán ofrecer tarifas ligeramente menores (entre $1.200 y $1.500) para captar a los usuarios en las paradas.
«Van directo contra el transporte público. Si el boleto se va a $1.800 y permitís que cualquier colectivo pase y te levante la gente por menos, es el fin del sistema de colectivos urbanos», sentenció.
