El Gobierno selló los primeros contratos de las rutas 12 y 14

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El Gobierno avanzó con un nuevo esquema de concesiones viales al formalizar este martes los contratos que habilitan la explotación, administración y mantenimiento de 741 kilómetros de rutas nacionales, correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.

A partir de este miércoles comenzará a regir la nueva operatoria en corredores estratégicos del centro y litoral del país.

El Tramo Oriental quedará bajo la administración de Autovía Construcciones y Servicios S.A. e incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan territorios de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

En paralelo, el Tramo Conexión será gestionado por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., que tendrá a su cargo el Puente Rosario–Victoria (RN 174), una vía clave que une Entre Ríos con Santa Fe.

Desde Vialidad Nacional confirmaron que los nuevos valores de peaje comenzarán a aplicarse dentro de las próximas 48 horas. En ese marco, detallaron que «los nuevos valores de los nuevos peajes serán de $1000 el puente Rosario-Victoria y $1900 los de la ruta 12 y la 14».

La Etapa I comprende más de 700 kilómetros incluidos en el corredor del Mercosur, un eje fundamental que favorece la integración regional con Brasil y Uruguay, conecta pasos fronterizos relevantes y suma infraestructura estratégica como el puente sobre el río Paraná, próximo a puertos y polos productivos del Gran Rosario, con impacto directo en la logística y las exportaciones.

La firma de estos contratos forma parte de un programa más amplio que apunta a reorganizar más de 9000 kilómetros de rutas y autopistas bajo un modelo que, según el Ejecutivo, reemplaza un esquema considerado «deficitario» por uno «transparente, competitivo y sin subsidios directos del Tesoro».

El nuevo sistema no recibirá aportes estatales, a diferencia del anterior, que era sostenido por fondos públicos para mantener «un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios».