Todo sobre el proyecto por Malvinas: penas de hasta 20 años, multas y nuevas sanciones
El Gobierno nacional envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones contra personas y empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
El proyecto fue presentado en medio del avance del desarrollo petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Malvinas, administradas por el Reino Unido y cuya soberanía reclama la Argentina. El Ejecutivo había anunciado la iniciativa a comienzos de septiembre y ahora deberá iniciar su tratamiento parlamentario.
La propuesta busca reemplazar y ampliar el régimen de la Ley 26.659, vigente desde 2011 y concentrado principalmente en los hidrocarburos. El nuevo esquema alcanzaría a cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables realizada sin habilitación de una autoridad argentina.
Según el mensaje enviado al Congreso, el objetivo es establecer herramientas para sancionar esas actividades, incentivar su cese y reforzar la capacidad del Estado frente a amenazas externas. El Gobierno calificó la iniciativa como un «hito» en su política sobre Malvinas; esa caracterización corresponde al Ejecutivo.
Multas, inhabilitaciones y restricciones para operar en Argentina
El proyecto contempla multas, suspensión o cancelación de habilitaciones e inhabilitaciones que pueden extenderse entre cinco y 20 años, además de restricciones para desarrollar actividades económicas en el país.
La inhabilitación podría implicar la revocación de permisos, la pérdida de beneficios fiscales o previsionales y la rescisión de contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina o involucren bienes situados en el país.
El alcance tampoco se limitaría a quienes realizan directamente la explotación. El texto mantiene restricciones para accionistas y amplía la responsabilidad a estructuras societarias y relaciones económicas que permitan o faciliten las actividades alcanzadas por la norma.
Penas de hasta 20 años de prisión
Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las sanciones penales. El proyecto establece penas de 12 a 15 años de prisión para quienes realicen o encarguen actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Para la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, la escala se eleva a entre 12 y 20 años de cárcel, con multas que pueden alcanzar el equivalente a dos millones de barriles de petróleo.
En tanto, la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podría ser castigada con penas de 15 a 20 años de prisión y multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles.
También se incorpora una figura específica para los proveedores que, con conocimiento del destino, suministren bienes o servicios esenciales para esas actividades. En esos casos, la pena prevista es de cinco a siete años de prisión.
Para las personas jurídicas, el proyecto contempla además multas, revocación de habilitaciones y contratos, y la suspensión para contratar con el Estado o acceder a permisos públicos por hasta 30 años.
Un régimen para las empresas que abandonen las actividades
La iniciativa incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes cesen las actividades alcanzadas por la futura ley.
El mecanismo prevé condiciones para regularizar la situación, mediante el pago de multas o compromisos de inversión en actividades autorizadas en la Argentina. El cumplimiento del régimen podría permitir el archivo de actuaciones administrativas o la extinción de la acción penal en los casos previstos por la norma.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
El proyecto va más allá de las sanciones relacionadas con Malvinas. También propone crear un Sistema de Seguridad Nacional para coordinar políticas diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y el titular de la Secretaría Legal y Técnica.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal en los organismos que formen parte del sistema.
La iniciativa también crea un régimen para identificar y proteger infraestructuras críticas, entendidas como redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento del Estado.
Además, plantea modificaciones en materia de Defensa Nacional y establece mecanismos específicos para la protección de los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.
Con el proyecto ya ingresado a Diputados, comenzará ahora la discusión en comisiones y la negociación política para definir su avance en el Congreso.
Acá queda bastante más limpia la jerarquía: Malvinas y las penas son el corazón de la nota; el Consejo de Seguridad y las reformas más amplias aparecen después, para que no se diluya el título.
